La justicia ayer envió al penal de Palmasola a dos jóvenes de 18 años y a cuatro adolescentes de 16 y 17 años a Cenvicruz por el delito de violación grupal a una menor (17). El hecho sucedió en el municipio de Cotoca.
El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras es objeto de denuncias por falsificación de permisos para comercializar la hoja de coca y la venta de taques de este cultivo, que se decomisa y sale en forma de donación presumiblemente para diferentes instituciones. Las denuncias vienen desde sectores que responden al ala dura del masismo.
La abogada Evelyn Cossío, que defiende a César Apaza, informó ayer que la Fiscalía repuso una imputación contra el dirigente cocalero, a pesar de que esta fue revocada anteriormente. Consideró que las autoridades pretenden “asfixiar” con procesos a su defendido para que no denuncie a policías por tratos crueles y degradantes.
Las víctimas del jesuita Alfonso “Pica” Pedrajas se acercan a los exalumnos del Colegio Juan XXIII de Cochabamba para buscar ayuda y así presentar su testimonio. Pidieron que el Ministerio Público designe fiscales en todo el país.
Dos víctimas de pederastia acudieron ayer a la Fiscalía de Cochabamba para formalizar una denuncia contra el sacerdote Alfonso Pedrajas, conocido como padre Pica, y otro exdirector del colegio Juan XXIII.
El alcalde de Cochabamba Manfred Reyes Villa, dos secretarios y un concejal fueron denunciados ayer ante el Tribunal Electoral Departamental (TED) y la Fiscalía por los presuntos delitos de acoso y violencia política, tras los actos vandálicos en viviendas y el amedrentamiento de grupos de Súmate contra las concejalas Daniela Cabrera y Claudia Flores, elegidas en sesión del pleno con votos del MAS como parte de la nueva directiva del Concejo.
El abogado de la exministra Eidy Roca, Martín Camacho, denunció que se atenta contra la vida de la exautoridad al dilatar la acción de libertad de su defendida.
La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y las nueve asociaciones departamentales de periodistas del país denunciaron la vulneración de la Ley de Imprenta y del debido proceso en la causa ilegal y arbitraria contra los periodistas Marco Zabala, Ariel Vargas y Alberto Ruth, el 17 de abril en Santa Cruz.
El vicepresidente de la Asociación Boliviana de Agencias de Turismo Receptivo (Abatur) Galo Saravia, lamentó que los operadores de turismo o propietarios no cuenten con el apoyo de las autoridades de Gobierno.
Un proyecto de ley del Ejecutivo plantea que los trabajadores y propietarios de los medios de comunicación no pueden alegar ningún fuero si cometen delitos de difusión e incitación al racismo o a la discriminación. Luego de hacerse pública, la norma fue rechazada por el gremio de los periodistas de La Paz y calificada como una nueva “ley mordaza”.