Brasil y Rousseff ante una sentencia histórica
BRASILIA |
A menos que se interponga un milagro, Brasil tendrá nuevo presidente este miércoles si el Senado destituye a Dilma Rousseff, un fallo histórico que todo indica segará un ciclo de cuatro gobiernos consecutivos de la izquierda.
La sentencia cerrará una sangría política que desde hace nueve meses mantiene en vilo a la mayor economía de América Latina, en ruta a su peor pérdida de riqueza en 80 años, cerca del 7 por ciento del PIB entre 2015 y 2016, y que tiene a los principales partidos embarrados en causas de corrupción.
De concretarse, será un final inesperado para la primera mujer en presidir Brasil, suspendida en mayo tras ser acusada de manipular las cuentas públicas para asegurar su reelección en 2014 y continuar con esa práctica al año siguiente.
"La posibilidad de que Dilma no sea destituida es casi nula...Hoy las chances de que sea destituida son de un 99%", opinó Adriano Codato, profesor y analista de la Universidad de Paraná.
Lo cierto es que ya nadie duda en Brasilia de que la presidenta será condenada.
Su caída entronizará a su vice Michel Temer (PMDB, de centro-derecha), que la reemplazó tras saltar a la oposición y convertirse en la mano detrás de su eventual "pena de muerte política", como ella misma definió al proceso, con el objetivo de cambiar el rumbo político del país.
Sin apoyo popular, la dama de hierro del Partido de los Trabajadores (PT) jugó su última carta el lunes en una dramática presentación ante el Senado en la que asumió su defensa y respondió cuestionamientos durante 14 horas para intentar evitar una condena.
"Pido que voten contra el impeachment y en favor de la democracia", instó Rousseff a los senadores, que protagonizaron estos días un intenso y por momentos descontrolado debate.
"Si se consuma, resultará en la elección indirecta de un gobierno usurpador", añadió antes de afirmar que era víctima de un golpe de Estado.
Ecos del pasado
Lejos quedaron los días del milagro socio-económico que inició su padrino político, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) y que sacó a 29 millones de personas de la pobreza y al país del mapa de hambre de la ONU. Rousseff será condenada si sus opositores obtienen 54 votos (dos tercios de los 81 senadores).
En la instancia preliminar consiguieron 59 votos y aseguran que ya tienen el resultado que permitiría a Temer gobernar hasta fines de 2018. A sus 75 años, este abogado constitucionalista y presidente del PMDB (centro-derecha), saltó a la oposición para liderar un amplio movimiento para desplazar a Rousseff.
"Perdió la capacidad de gobernar. Eso no ocurrió de un día para el otro. Fue una situación creada por la propia Dilma, a partir de su primer mandato, cuando una sucesión de errores en la gestión económica y política la llevó al aislamiento", escribió Sylvio Costa, director de la publicación Congresso em Foco.
"Produjo muchos enemigos por su estilo autoritario (...) Su incapacidad le cobró un alto precio cuando se volvió impopular al hacer exactamente todo lo contrario que había prometido cuando fue reelecta", añadió.
La crisis económico-política se entrelazó con un escandaloso fraude que drenó más de 2.000 millones de dólares de la estatal Petrobras para financiar campañas políticas que golpeó al gobierno.
Pese a que la mayoría de las fuerzas políticas fueron salpicadas por las revelaciones de la llamada "Operación Lava Jato" (lavadero de autos), muchos de ellos ahora devenidos en jurado en el Senado, el PT condensó las críticas de decenas de miles de brasileños hastiados que salieron a las calles a pedir la salida de Rousseff.
Los cargos
Rousseff es acusada de haber violado la Constitución al firmar decretos a espaldas del Congreso y atrasar pagos a la banca pública para financiar planes sociales y asegurar su reelección, dos infracciones de difícil comprensión para el público en general.
Según el texto de los juristas que presentaron el caso, su contabilidad creativa "imposibilitó que la población tuviera exacta dimensión de la real situación económica y financiera del país".
La defensa niega los cargos y sostiene que el juicio es la herramienta escogida por una confabulación conservadora dentro del Congreso para llegar al poder sin pasar por las urnas y hundir al país en la inestabilidad.
En su última presentación ante el Senado, quizá la última como presidenta, esta economista que fue guerrillera marxista en su juventud y sufrió torturas en la última dictadura (1964-1985) se mostró altiva y dijo que solo unas elecciones directas pueden juzgar un jefe de Estado. Lula y el cantautor brasileño Chico Buarque asistían desde la tribuna
Antes, profetizó que será ella quien quedará "del lado correcto de la historia".
