Cámara de Diputados aprueba ley de sustancias controladas
La plenaria de la Cámara de Diputados aprobó esta mañana en grande y en detalle el Proyecto de Ley de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas, tras una maratónica sesión que se extendió durante toda la noche.
#Último @Diputados_Bol aprueba en grande y en detalle la #LeySustanciasControladas. pic.twitter.com/BcpDLOAxS2
— Diputados Bolivia (@Diputados_Bol) 10 de marzo de 2017
El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Edgar Montaño, dijo a la ANF que desde las 16:00 de ayer hicieron el tratamiento del proyecto de esta "ley nacionalizada, porque fue elaborado por los bolivianos y no por Estados Unidos como la Ley 1008" que próximamente será abrogada.
"Después en este mes vamos a tratar el Código Penal y con eso estaría saliendo de circulación la Ley 1008, que era muy antipatriota, sólo nos trajo dolor y luto a Bolivia", remarcó Montaño en un contacto con Red Uno.
La primera norma que fue promulgada para reemplazar la Ley 1008 fue la Ley General de Coca.
La diputada del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Norma Piérola, afirmó que en el tratamiento del proyecto de Ley de Sustancias Controladas expresó su decisión de no apoyar su aprobación.
Se trata de una norma complementaria a la recientemente promulgada Ley General de la Coca y que, junto a la norma que penalizará la producción del arbusto en zonas prohibidas, permitirá enterrar definitivamente a la ley 1008, que actualmente continúa vigente, según reconocieron los propios legisladores oficialistas.
La Ley de Sustancias Controladas está compuesta por 124 artículos, 10 disposiciones transitorias, seis disposiciones adicionales, cuatro disposiciones abrogatorias y derogatorias, tres modificatorias y cinco finales, e incluye en sus anexos cinco listas de estupefacientes y psicotrópicos prohibidos por las distintas convenciones de la ONU.
El proyecto de Ley de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas fija, además, escuchas telefónicas, el pago a testigos del narcotráfico, afectaciones al patrimonio de los traficantes y sanciones a los cultivos excedentarios de coca, entre otros.
