Edificaciones avanzan sin tregua hacia el Tunari
Los asentamientos por encima del límite urbanizable del Parque Nacional Tunari, la cota 2.750 son imparables.
Las construcciones irregulares avanzan sobre la principal reserva de acuíferos. En la ladera sur, en Sacaba hay tres urbanizaciones nuevas. La primera Villa El Mar que tiene un camino empedrado e instaló una tranca. Existen casas sencillas y lujosas. Además, se acopian materiales para levantar más viviendas. Algunas de calles están nominadas.
La urbanización cuenta con transporte público y energía eléctrica, pero no tiene agua potable. La situación es similar en la OTB Delicias y Fortaleza, ubicadas metros más abajo.
La situación es más precaria en Cercado, a pasos de la comunidad Taquiña Chico. La población llega a la zona en la línea 19, no tiene luz y reciben agua de cisternas. Las construcciones de ladrillo, piedra, madera y metal se instalaron aparentemente hace tres años.
Las construcciones en la zona de Santa Cecilia, que fue declarada ilegal de acuerdo con un fallo judicial, levantaron cercos de piedra y alambres de púa. En Tiquipaya la zona más afectada es Villa Belén, desde hace cuatro años.
Un informe del Servicio Nacional de Áreas Protegidas a la Asamblea Legislativa Departamental reveló, en 2014, que existen 51 urbanizaciones sobre la cota 2.750 del Tunari. Del total, 25 están en Cercado, 11 en Tiquipaya y 15 en Sacaba.
En este momento, al menos 450 hectáreas están en riesgo de ser fraccionadas, loteadas o avasalladas en el Parque Nacional Tunari (PNT), declaró el coordinador del Consejo Metropolitano Kanata de la Gobernación, Omar Fernández.
Si la ocupación del parque persiste y con ello la impermeabilización de los acuíferos, en los próximos años Cochabamba afrontará la “desertificación”, alertó la coordinadora del Centro de Planificación y Gestión (Ceplag) de la Universidad Mayor de San Simón, Carmen Ledo. La provisión de agua de Cochabamba depende de la protección del PNT.
Es el pulmón y zona de recarga hídrica. Su impermeabilización impide que el líquido ingrese al subsuelo y origina la escasez. “Por qué no hay agua. Porque la gran cantidad de la población que vive justamente en el Tunari vive de agua subterránea. Si no hay posibilidad de recarga de acuíferos y se vive sólo de esto, qué vamos a esperar a futuro, nada”, lamentó.
El PNT fue creado por el Decreto Supremo Nº 06045 en 1962. En 1999 fue declarado parque nacional mediante la Ley Nº 1262 con el objetivo de proteger la biodiversidad, ecosistemas y a 316 comunidades.
Ledo expresó que la zona más afectada por la presión urbana es la región metropolitana. Fernández añadió que la situación es más crítica en los municipios de Sacaba, Cercado, Tiquipaya y Quillacollo, donde el asedio para incorporar estas tierras al mercado inmobiliario es mayor.
Agregó que en Sacaba están en riesgo 195 hectáreas, en Huayllani (172) y Puntiti (23). En Cercado 27 por las zonas de Aranjuez (16) y Mayorazgo (11). En Tiquipaya 61 en el norte de Villa Porvenir (25) y Ángela Mayu (61). En Quillacollo 96 en el norte de Bella Vista (28) y una parte de Potrero (68). En Vinto están en riesgo 70 hectáreas, en Combuyo.
Con miras a frenar la presión urbana en la ladera sur del Tunari que colinda con los siete municipios de la región metropolitana, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas del Parque Nacional Tunari estableció como límite en la cota 2.750.
Plantean zonificación
La secretaria de la Madre Tierra de la Gobernación, Soledad Delgadillo, informó que el plan de manejo del PNT, elaborado por la empresa Fauna Agua se encuentra en etapa de “evaluación” en el Ministerio de Medio Ambiente. De acuerdo al documento, hay 11 áreas propuestas: nueve dentro y dos fuera de la reserva.
La primera corresponde a la zona alta de las montañas (Z- 1) arriba de los 4.600 metros sobre el nivel del mar (msnm). Las siguientes cinco son de manejo integral sobre vertientes.
La vertiente sur (Z-2); vertiente este (Z-3); vertiente noreste (Z-4); vertiente noreste (Z-5) y la cuenca Misicuni (Z-6). Además, figura la zona de uso especial “Z-7-Obras”, donde existen proyectos estratégicos como Misicuni y Corani.
También la “Z- 8 colindancia urbana” donde hay asentamientos urbanos por encima de la cota 2.750 y la “Z-9 patrimonio histórico”. A ello se suman dos zonas fuera: La “ZID-1 influencia metropolitana” y la “ZID-2 Corani”.
Ciclo de reportajes
Los Tiempos inició el ciclo “Loteamiento y Mercado de Tierras”, el 12 de junio, para reflejar el avasallamiento de tierras en el eje metropolitano y valle alto. Ésta es la tercera entrega sobre PNT y el valle.
ANÁLISIS: CARMEN LEDO - DIR. DEL CEPLAG
“Nunca debieron asentarse”
La investigadora y coordinadora del Ceplag, Carmen Ledo, recomendó aplicar una política pública de protección del Parque Nacional Tunari (PNT). Esta consiste en acordar con los habitantes de la reserva la otorgación de terrenos en otros lugares donde puedan vivir “dignamente” con todos los servicios. El objetivo es mitigar la impermeabilización de la zona de recarga hídrica y garantizar agua para Cochabamba.
“El parque no tendría que tener gente. Así sea que existan normativas y un plan de manejo (…) En el PNT lo que tendría que haberse garantizado es que siga siendo esa franja de seguridad con bosques, sin personas y que garanticen tener la recarga de los acuíferos sin ningún tipo de peligro, incluso en términos de biodiversidad”, señaló.
Alertó que de no ocurrir ello, más de 1,5 millones de personas que viven en la región metropolitana se verán afectadas por la falta de agua. Enfatizó que “nunca debió permitirse asentamientos” en la reserva. Otra consecuencia es que existe un mercado informal de tierras altamente especulativo.
A pesar que dentro del programa de Ciudades Emergentes y Sostenibles se recomendó considerar a las zonas de recarga acuífera de “protección” con un “blindaje jurídico” esto no ocurrió. Otro riesgo es la inseguridad jurídica.
“Al haberse generado tanto problema en términos de las recargas de acuíferos, la seguridad alimentaria está en riesgo”, lamentó. Pidió forestar para evitar deslizamientos.
Un estudio del Centro de Levantamientos Aeroespaciales y Aplicaciones SIG para el desarrollo sostenible de los recursos naturales de la Universidad Mayor de San Simón (CLAS-UMSS) dio cuenta que en el Tunari hay 4.568 lotes sobre la cota 2.750. El 65 por ciento (2.963) no tiene registro catastral. El 60 por ciento de las viviendas pertenecían a Cercado; 17 a Sacaba y 12 a Tiquipaya.
La huella urbana supera las 20 mil hectáreas en la actualidad. Hasta el 2012 existían 18.000, es decir, que en los últimos años más de 2.000 fueron loteadas en toda la región metropolitana. “El anillo que bordea la huella urbana ha sido utilizado en loteamientos”, lamentó.
Añadió que el asentamiento, loteo y fraccionamiento de tierras en el PNT se incrementó significativamente y en “todas las direcciones” los últimos años.
Edificaciones avanzan sin tregua hacia el Tunari
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