Las entrañas de un monstruo de verdad

Hay que darles la razón, sin reserva ni mezquindad, al Presidente, Vice, ministros y cualquier otro funcionario, todas las veces que dicen que éste es el régimen que tiene más altos funcionarios encarcelados o procesados bajo cargos de corrupción.

Que así sea, no prueba de por sí que sea ésta la administración más corrupta de las que se tienen memoria, pero tampoco demuestra que los gobernantes de ahora son los que más se esfuerzan en combatir este mal.

La corrupción no es una cuestión que pueda reducirse a términos aritméticos ni estadísticos ni a la apropiación indebida de fondos estatales, como lo cree la mayor parte de los funcionarios y del público.

La corrupción es, en esencia, cualquier forma arbitraria de uso de los recursos colectivos, tangibles e intangibles para el beneficio de individuos o grupos; el robo o desviación no cubre sino una parte de esas prácticas. Pensar de otro modo equivale a suponer que tuberculosis es igual que tos y tratar de curar ese mal con un jarabe dulce y fragante, comprado en la farmacia.

La corrupción es abuso de poder, por encima de cualquier otra consideración y si se quiere clasificarla o cuantificarla, y, mucho más, combatirla, hay que partir de ese punto.

Todas las veces que se emplean fondos y recursos públicos para convencer que quienes nos gobiernan son los mejores, los insustituibles que deben permanecer más allá de lo que está legalmente establecido y democráticamente ratificado, se incurre en la corrupción más pura y simple. Igual que cuando se esconden los contratos entre el Estado y cualquier proveedor de bienes y servicios, o cuando se usa la influencia y el prestigio para encarcelar, liberar, otorgar, bloquear, adjudicar, condenar, descalificar o promover. La lista es demasiado larga y no toca aquí agotarla, pero si se aplica deben investigarse por igual los contratos mañosos para adquirir equipos de televisión, como el uso y manejo del canal estatal.

El punto no está, entonces, en sacar a relucir el número de investigados, detenidos, buscados o procesados, mucho menos cuando de las decenas de investigaciones y procesos, sólo unos pocos —muy pocos— concluyen y ofrecen resultados.

Es necesario ir a la raíz y reconocer que la semilla del mal está en la creencia de los funcionarios de que su gestión nos habría obsequiado con muchos y grandes recursos, y que eso les autorizaría a hacer lo que quieran o crean conveniente, ignorando las reglas establecidas, comenzando con la Constitución.

De allí nace la falsificación en que incurren los hombres que gobiernan cuando dicen que sus seguidores incurren en “microcorrupción” o cuando suponen que la investigación del anterior presidente de YPFB probaría que atravesamos una fase de alta transparencia o, lo que propone el presidente del Estado, cuando afirma que la caída de los máximos ejecutivos de la estatal petrolera se ha producido por el ánimo de fastidiar la nacionalización que tienen sus envidiosos competidores políticos y no por la comisión de delitos e irregulares.

Lo que hicieron, si está bien y se ajusta a las leyes, era su obligación y cualquier esfuerzo de su parte, por decirlo, subrayarlo y exigir que se recuerde y se les atribuya —olvidando que nace de un mandato y esfuerzo conjunto de la sociedad—, es automáticamente un acto abusivo, desviado e ilegítimo; es decir, corrupto.

En lo que toca a reparar los actos de apropiación o desvío ilegal de los fondos y recursos públicos, está tan equivocada la prédica gubernamental, como lo entienden y definen tales actos. Cuando supone que el mal se resuelve enjuiciando o encarcelando a los acusados. Esa es una idea vengativa, completamente inútil para remediar o prevenir los daños, que necesita reemplazarse con la idea de recuperar los recursos indebidamente apropiados por personas o grupos. Lo importante no es que se encierre a los ilegalmente beneficiados, sino que repongan lo que no les corresponde y, encarcelados, ciertamente no lo harán.

Al final, y no por ello lo menos importante, un primer paso sincero para empezar a enfrentar la corrupción es que no se posesione a magistrados elegidos con un número menor de votos a los que obtiene su repudio o desconocimiento, ya que hacerlo es una renovada forma de corrupción.

El autor es investigador y director del Instituto Alternativo