Descalabro estatal y agentes encubiertos

La atención pública está secuestrada –¿podría acaso no estarlo?– por las revelaciones en torno a la balacera contra la pareja del asesor principal (como proclama su tarjeta personal) del presidente del Estado, seguida de la ráfaga de acusaciones con que ha contestado Beller Delgadillo, en medio de la nueva gran escasez de combustibles y el salto de precio del diésel.

Afrontamos el clima perfecto para enfatizar el abismal desarreglo del Ejecutivo, que opaca la atención pública sobre los serios conflictos que también atraviesan al Legislativo, el Judicial, el Órgano Electoral, sólo para mencionar lo más sobresaliente del gran entuerto estatal.

Lo novedoso del momento es la instalación en el debate público de la tendencia, hoy todavía secundaria, de considerar en voz alta esquemas de un posible cambio gubernamental. Aquello que intentó introducir, sin éxito, la dirigencia sindical y corporativa, mediante la fuerza del conflicto de mayo-junio, se filtra hoy a medios y redes y arrancando desde las colas para comprar combustibles, con el acelerador de incendios que viene a ser la intriga palaciega, sus gatilleros, balazos y su estela de millones en ganancias corruptas.

Hace pocas semanas parecía insensato pedir el final de un Gobierno recién elegido. Ahora empiezan a desplegarse discusiones sobre mecanismos de relevo, o cambio de composición, sin golpe y, también, sin horizonte electoral cercano. El acuerdo unánime de que no puede tolerarse la dubitación ejecutiva que condena a frenar, llevándolas hacia el estancamiento, a la producción, transporte y en general a toda la economía, lleva a ubicar al Gobierno como centro del problema.

Y en ese centro, copado hasta ahora por incompetencia general de los administradores para resolver cuestiones básicas, se enturbia, revuelve y subleva al público cuando de la disputa entre sórdidos protagonistas brinca el señalamiento de la familia presidencial como recolectora de fondos, moneda a moneda, por cada litro del pésimo combustible que nos venden.

El señor Fernando Gabriel Cerimedo, agitador de la extrema derecha continental y spin doctor del presidente sería, según su ¿exnovia?, figura nodal de esta trama de enriquecimiento privado con recursos públicos.

Separar las afirmaciones veraces y legítimas de la simple munición propagandística de los agentes encubiertos, tal como se muestran ambos: víctima y principal sospechoso, necesita de actores más confiables que los encargados de oficio. Especialmente cuando la legión de fiscales que ha movilizado con inusual diligencia (¿y eficiencia?) el principal encargado del Ministerio Público, tiene tan bien ganado prestigio de actuar por encargo y mandato de intereses privados, políticos y económicos.

¿Qué agencias reclutan y mueven fichas en esta jugada? La respuesta ha de asumir que con el actual Gobierno se han multiplicado como actores partícipes del tipo de la DEA, NSA (Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos), ramas de inteligencia estadounidense e israelita, otras menos publicitadas, eventualmente antagónicas de las citadas, aparte de las sucursales criminales tan activas ahora.

Así lo transparenta el lenguaje, declaraciones y acciones de ministros clave, el actual de la Presidencia y el de Defensa, completamente enganchados con la dinámica del “Escudo de las Américas” de Trump y sus códigos sobre narcoterrorismo y derechos hegemónicos en el continente.

La insistencia del mensaje que promociona un Gobierno, “de salvación”, que exprese un acuerdo de las tres principales fuerzas con representación parlamentaria, apuesta que una tradición de acuerdos de último momento se impondrá sobre el cálculo de facciones. Lo que ocurre en el Legislativo indica lo contrario, porque allá predomina la división y subdivisión de bloques.

La mayoría de parlamentarios está unida ideológicamente, digamos, por un sentimiento antimasista; pero por encima reina su deseo de hacer carrera individual, campo en el que no reconocen jefes ni disciplinas. Si a eso se agrega un cierto hastío colectivo de repetir y exponerse a campañas, se entiende el poco margen para salidas electorales.

A eso se agrega la escasa maduración de liderazgos frescos, inclusive de tan amplia convocatoria como la del alcalde cruceño, capaz de tropezar con incidentes, en apariencia menores, como el cierre de las puertas del municipio a la presentación de un libro.

Por motivos parecidos y otros más profundos, como el amplio grado de consulta y deliberación del proceso constituyente último, la reforma constitucional está prácticamente obliterada, especialmente, pero no sólo, cuando toque consultarla mediante referendo popular.

Una crispación social extrema, ante la impermeabilidad y ceguera de los profesionales de la política, predispone a una gran volatilidad donde situaciones como la rebelión de La Asunta contra minería pirata, reclamos sobre precios, u otros, enciendan piras incontrolables.

El autor es director e investigador del Instituto Alternativo