EEUU halla responsables a Goni y Sánchez de muertes extrajudiciales

Ayer, tras 11 años de iniciado el proceso, el jurado de 10 miembros dictó por unanimidad su veredicto final hallando responsables de muertes extrajudiciales al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y el exministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín, en el juicio civil que se desarrolló en la Corte Federal de Fort Lauderdale del sur de Florida, en Estados Unidos, por la muerte de ocho civiles en los luctuosos hechos de septiembre y octubre de 2003, en la llamada Guerra del Gas, en la que fallecieron más de 60 personas y otras 400 resultaron heridas. Los dos acusados fueron liberados del delito de homicidio culposo.

El jurado deliberó por seis días y determinó que los acusados deberán pagar compensaciones por 10 millones de dólares a los familiares de las víctimas que iniciaron el proceso; sin embargo, el juez que llevó el caso, James J. Cohn, tras recibir pedidos de inconsistencia de la sentencia por parte de abogados de los acusados, convocó a una sesión para el 4 de mayo para deliberar sobre la apelación y tratar el informe suplementario, debido a que las exautoridades consideran que el veredicto no fue dictaminado en base a derecho y las leyes.

Tyler Giannini, codirectora de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Escuela de Leyes de Harvard, una de las coauspiciantes de las víctimas, explicó que el juez Cohn no podrá cambiar “los hechos” ni el veredicto que halló responsables a los acusados, pero que si la autoridad judicial observa errores legales en el fallo podría modificar la sentencia. El juez Cohn emitirá su decisión final después de esa fecha.

Por su parte, los abogados de los acusados, Stephen Raber y Ana Reyes, aseguraron que el veredicto es un paso más en el proceso “pero no es el final. La corte de primera instancia no emitió un juicio final”.

Los abogados del expresidente y del exministro dijeron no estar de acuerdo con el veredicto del jurado. “Creemos que la prueba era tan escasa que el caso nunca debería haber llegado a un jurado” y aseguraron que “confiamos en el proceso y creemos que el veredicto será revocado cuando la ley se aplique correctamente”.

En este sentido, según explicaron fuentes que siguen el caso en EEUU, la sentencia puede ser revisada por el juez e incluso luego los acusados pueden acudir a instancias superiores para apelar su sentencia, hasta llegar a la Corte Suprema de EEUU.

La abogada Giannini explicó que la sentencia es una victoria de las víctimas y de los derechos humanos y explicó que de darse los escenarios de las apelaciones, las víctimas y los juristas estarán dispuestos para dar lucha.

En la misma línea, el abogado Thomas Becker, principal impulsor del juicio civil, dijo que el veredicto “es un mensaje al mundo. Nunca antes unas personas humildes como ellos habían sentado a un expresidente ante un tribunal y habían ganado”.

En el juicio, los abogados de las víctimas argumentaron que las exautoridades urdieron un plan para cometer muertes extrajudiciales en los hechos de octubre de 2003, en medio de la Guerra del Gas. Al contrario, la defensa de los acusados aseguró que nunca hubo un plan para matar y que “los eventos en Bolivia en 2003 fueron trágicos para todos los bolivianos, incluidos nuestros clientes”, y que los fallecidos fueron producto de un fuego cruzado en medio de la grave crisis social que estalló aquel mes de octubre, en la que el Estado debía tomar decisiones ante la ola de violencia de la que culparon a Felipe Quispe y Evo Morales.

Durante el juicio, que comenzó el 5 de marzo, las partes presentaron más de 30 testigos, entre ellos el exalcalde Juan del Granado, el exdefensor del Pueblo Waldo Albarracín, exministros, exmilitares y familiares de las víctimas.

El caso fue iniciado por Eloy Rojas Mamani, Etelvina Ramos Mamani (padres de Marlene, la niña que murió por una bala perdida en Warisata), Teófilo Baltazar Cerro, Felicidad Rosa Huanca Quispe, Gonzalo Mamani Aguilar, Sonia Espejo Villalobos, Juana Valencia de Carvajal, Hermógenes Bernabé Callizaya y Hernán Apaza Cutipa, todos familiares de víctimas de los sucesos de septiembre y octubre de 2003.

Es la primera vez en EEUU que un expresidente extranjero es llevado a un juicio civil por violación de derechos humanos y además el jurado lo halle responsables de estos actos.

10 millones de dólares es el monto fijado por el jurado para resarcir a las víctimas de octubre, pero que también incluye multas.

OPINIONES

Mauricio Balcazar. Yerno de Sánchez de Lozada
El juicio continúa, por lo tanto, no vamos a emitir opiniones mientras el Juez siga con su trabajo hasta la audiencia del 4 de mayo. La inconsistencia del jurado es clara ¿Cómo puede haber responsabilidad si no hubo intención?

@evoespueblo. Evo Morales Ayma
Mi respeto y admiración a los familiares de las víctimas de octubre de 2003, por su perseverancia, firmeza y fortaleza al conseguir una decisión judicial que nos acerca cada vez más a la justicia.

DATOS

Ni Goni ni Sánchez asistieron a veredicto. Ninguna de las dos exautoridades asistió a la lectura del veredicto, sólo sus abogados. Sí presenciaron la lectura cinco de los nueve familiares de las víctimas.

La indemnización será repartida entre víctimas. En caso de que se ratifique la sentencia, los nueve demandantes repartirán el monto entre las más de 60 víctimas de octubre de 2003.

ANÁLISIS

Kathy Roberts. Abogada de EEUU

Es un mensaje para los que creen que disfrutan impunidad

Este veredicto es uno de los juicios más importantes en los tribunales estadounidenses o en cualquier otro lado en contra de un ex jefe de Estado por graves violaciones de los derechos humanos.

Estoy muy contenta por los demandantes y por todos los que sufrieron durante todo este tiempo que duró el proceso.

Estos demandantes viajaron miles de millas. Atravesaron también barreras idiomáticas y culturales. Las víctimas persiguieron a su expresidente y a su exministro a los Estados Unidos, donde buscaron refugio seguro. Y ellos, las víctimas, ganaron.

El veredicto que el jurado emitió ayer envía un mensaje a todos aquellos que creen que disfrutan de la impunidad. Tendrán que rendir cuentas, tal vez incluso en los lugares donde ellos se sienten más seguros. Espero que este veredicto también envíe un mensaje a las autoridades gubernamentales de los Estados Unidos, de que estos hombres deben enfrentar la justicia en su país de origen, en Bolivia.