Orden de auditoría a Quiborax da razón a Mesa, según defensa
El presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, informó que se ordenó una auditoría para identificar si otros funcionarios causaron la derrota jurídica del Estado frente a la empresa chilena Quiborax. Mientras el abogado del expresidente Carlos Mesa, Carlos Alarcón, señaló que el Gobierno terminó dándoles la razón en que la defensa fue “pésima”.
“Esto coincide con la denuncia que hizo el expresidente Mesa señalando que el laudo no era consecuencia de su decreto, sino de la pésima negociación y la pésima defensa que se hizo”, indicó Alarcón.
Añadió que primero debió plantearse la auditoría, porque un funcionario sujeto a la posibilidad ser sancionado no puede iniciar otro proceso por el mismo caso. “Sería una aberración que el Fiscal General admita la proposición acusatoria del auditado”, agregó.
A través de su blog, Mesa, denunciado por este caso ante la Fiscalía General, reiteró ante esa instancia que se rechace la proposición acusatoria.
Recientemente se hizo pública la información sobre una negociación previa en la que el Gobierno buscó conciliar el pago de 27 millones de dólares a la firma chilena, sin embargo fracasó.
“Habrá que esperar los resultados de esa investigación interna que establecerá si hubo otro tipo de responsabilidades o fallas en la defensa que hemos establecido; es decir, no vamos a proteger absolutamente a nadie”, dijo García Linera.
Sin embargo, para el Vicepresidente, el error de origen por el que se perdió el laudo arbitral fue el decreto supremo que aprobó en 2004 el entonces presidente Carlos Mesa para revertir la concesión a Quiborax sin cumplir los procedimientos legales.
García Linera también manifestó que “está bien que se nacionalice, pero se nacionaliza con la ley en la mano para no tener esos problemas. ¿Por qué nos ha castigado el Ciadi? Lo dice en su sentencia: porque ustedes tenían una ley y no aplicaron la ley”. Insistió en que la responsabilidad principal es de Mesa por no respetar los procedimientos de la norma.
La controversia con Quiborax se inició en la administración de Mesa, con la emisión del Decreto Supremo 27589, del 23 de junio de 2004, que dispuso la reversión de 11 concesiones mineras obtenidas por Non Metallic, socia de Quiborax, en el salar de Uyuni, Potosí.
DATOS
Navarro insiste en que Mesa es culpable. El ministro de Minería, Cesar Navarro, afirmó que Mesa incumplió sus propias normas al revertir las concesiones mineras de Quiborax sin realizar las auditorías técnicas, jurídicas, laborales, medioambientales y económicas.
García Linera dice que hubo un error inicial. El presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, enfatizó que el Ciadi falló a favor de Quiborax por un error inicial de procedimiento, pero que si existen irregularidades en el proceso de defensa llevado adelante por su Gobierno, también se hará una investigación.
“NO ES SÓLO LA FILTRACIÓN, TRABAJARON EN CONJUNTO”
El abogado del expresidente Carlos Mesa, Carlos Alarcón, sostuvo que la filtración de documentos que realizó la exsubprocuradora Carmiña Llorenti, evidencian que hubo un trabajo conjunto con la empresa chilena, más que una negociación.
“Según las investigaciones (de otros medios) no sólo hubo filtración, sino han trabajado los abogados y personeros chilenos en retiros de acusación y proyectos de sobreseimiento”, indicó.
El expresidente, a través de un memorial a la Fiscalía General, hace conocer elementos de juicio adicionales para el rechazo de la Proposición Acusatoria presentada por el Procurador General del Estado dentro del caso.
En su blog personal, Mesa expone el documento remitido hace referencia a la abrogación del DS 27589 y la prescripción penal.
Señala que el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé abrogó su cuestionado Decreto Supremo 275689 —que revirtió las concesiones de la empresa Non Metallic sobre el salar de Uyuni y que dio pie a la proposición acusatoria de la Procuraduría— y, “con esta abrogación, la norma cuestionada en la Proposición Acusatoria se extinguió”.
