Los idiomas nativos y la ley
Los funcionarios públicos bolivianos deben hablar un idioma nativo del país, además del español. El Presidente y el Vicepresidente son funcionarios públicos y la obligatoriedad de su capacidad lingüística nativa está impuesta por ley.
Se trata de la Ley General de Derechos y Políticas Lingüísticas. Fue promulgada en Sucre el 2 de agosto de 2012 y, por la fecha, es fácil entender que conllevaba un mensaje de inclusión social, pero también otro sobre el carácter indigenista que se atribuye el actual Gobierno.
Con esa ley, el régimen del MAS quiso demostrar que los pueblos indígenas le interesan y determinó que las servidoras y servidores públicos debían hablar un idioma nativo, en función del principio de territorialidad; es decir, de aquella lengua que se utiliza mayoritariamente en el territorio en el cual trabajan. Así, la disposición transitoria tercera determinó que “toda servidora o servidor público que no hable un idioma de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, deberá aprender el idioma de la región a nivel comunicativo, de acuerdo al principio de territorialidad, en un plazo máximo de tres (3) años”.
En su momento, los afectados protestaron, aunque tímidamente. El Gobierno fue inflexible al imponer la norma y, para ratificarla, incluyó un artículo expreso en el Decreto Supremo 2477, que es el que reglamenta la Ley 269. El parágrafo tercero del artículo 10 de esta otra norma señala que “las servidoras y servidores públicos deberán hablar, además del castellano, un idioma oficial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política del Estado”.
Frente a eso, las funcionarias y funcionarios nada pudieron hacer y se acogieron a la norma. Fue cuando florecieron los cursos de idioma nativo, fundamentalmente en el occidente, y muchas funcionarias y funcionarios los tomaron no tanto para aprender la lengua indígena como para obtener el certificado que amerite que la hablan. Su presentación fue suficiente para continuar en el cargo.
Pero el presidente y vicepresidente del Estado no tomaron en cuenta que ellos también son servidores públicos así que les correspondía cumplir con la norma. Pasaron más de cinco años y, más allá de los papeles, que lo aguantan todo, ninguno pudo acreditar, fehacientemente, que cumplen con la Ley 269 y su reglamento.
Ahora, faltando 10 meses para lo que nuestros primeros mandatarios dan como su segura reelección -sin detenernos aquí en la legalidad de esta circunstancia- cabe la pregunta sobre cómo lograrán adquirir en ese tiempo el dominio del quechua o del aymara, “a nivel comunicativo”. Y también: ¿qué instancia tendrá la honesta autoridad para juzgarlo?
