Exdirector es enviado a la cárcel por el caso Sacaba
El juez de Instrucción Penal Nº2, Mauricio Pillco, determinó la detención preventiva en el penal de San Sebastián para el exdirector de Ingresos Municipales de Sacaba, Juan Carlos J. Se trata del cuarto imputado en el caso de desvío de recursos con modificaciones en el sistema de cobro de impuestos del Registró Único para la Administración Tributaria (RUAT).
“La defensa ha acreditado que él tiene familia, domicilio y un negocio lícito asentado en el país. Sin embargo, el juez no lo ha tomado así y no ha dado crédito al negocio lícito que hemos demostrado, y ha ordenado su detención”, indicó la abogada del exfuncionario, Jhosy Arauco.
Agregó que solicitó detención domiciliaria, pues su defendido está “sumamente delicado de salud”. Tiene diabetes e hipertensión arterial.
El Ministerio Público imputó al exservidor público por la presunta comisión de los delitos: manipulación informática, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
“En el transcurso de la investigación, nosotros también vamos a demostrar la no participación de mi cliente”, aseveró la abogada.
La audiencia de medidas cautelares demoró poco más de tres horas. El alcalde Humberto Sánchez estaba presente y manifestó que continuarán colaborando para la averiguación de la verdad.
Juan Carlos J. era el último funcionario para el cual faltaba determinar medidas, pues no asistió a la audiencia del viernes debido a que estaba internado. Aquel día, el juez resolvió la detención preventiva del exjefe de Sistemas Ronald V. en el penal de San Antonio y la del exjefe II de Fiscalización Olquer C. en la cárcel de San Pedro. La exauxiliar I Cinthia R. tiene detención domiciliaria.
Juan Carlos J. fue señalado por los otros tres imputados como la persona que realizó los más de 700 movimientos, lo cual habría generado un daño económico de 680 mil bolivianos.
PEDIRÁN AUDITORÍA A CONTROLARÍA
La abogada del exdirector de Ingresos Municipales Juan Carlos J., Jhosy Arauco, indicó que solicitarán a la Contraloría General del Estado que realice una auditoría para desvirtuar que su cliente haya causado un daño económico.
