El arbitraje de Glencore contra Bolivia

A fines de 2017 la sociedad global fue sorprendida con una publicación titulada Paradise Papers, una investigación periodística basada en una filtración múltiple que incluía 13,4 millones de documentos procedentes de dos bufetes de abogados, Appleby (Bermudas) y Asiaciti Trust (Singapur), cuya actividad principal es proveer servicios offshore a diferentes personalidades y entidades corporativas.

En esta ocasión, la documentación fue obtenida por el diario alemán Süddeutsche Zeitung y compartida posteriormente con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). En las investigaciones participaron en total más de 380 periodistas de 67 países quienes durante un año analizaron 1,4 terabytes de información.

Ambos bufetes se dedican a crear complejas estructuras societarias con el fin de ocultar a los verdaderos beneficiarios de diferentes bienes, evadir pago de impuestos, acumular patrimonio, comprar acciones, inmuebles, cuadros o desviar beneficios personales o de una empresa. Estas actividades, en  derecho internacional privado, pueden calificarse como fraude a la ley.

Esta filtración develó que uno de los clientes preferenciales de Appleby es la Suiza Glencore, que según los datos filtrados lleva décadas utilizando paraísos fiscales para encubrir tratos lucrativos y desviar millones de dólares. Este bufete creó para Glencore 107 compañías offshore, o sea, fantasmas, desde el tiempo en que su fundador Marc Rich, estaba al frente de la corporación.

Entre la información revelada, destacan las operaciones de expoliación minera de Glencore en países pobres como Burkina Faso y la República Democrática del Congo, país en el que llegó a tener una estrecha relación con la mano derecha del presidente Kabila, Agustín Katumba Mwanke, conocido por muchos congoleses como ”Dios Padre”, ya que era la llave que abría la puerta a los recursos naturales del país. Los documentos de Appleby revelan la relación de Glencore con ese empresario minero acusado de participar en el caso conocido como “conflicto de los diamantes”, donde, como parte del trato, se entregó armas a las fuerzas congoleñas en un momento en el que observadores internacionales de derechos humanos informaban de matanzas y violaciones indiscriminadas.

En 2005, Glencore adquirió el control de Comsur de manos de Gonzalo Sánchez de Lozada, empresario minero, parlamentario, ministro y presidente de Bolivia quien, por medio de operaciones que aún se investigan, adquirió la propiedad de las fundiciones de Estaño y Antimonio Vinto, y el arrendamiento de la mina Colquiri. Finalmente salió huyendo del país luego de la Guerra del Gas.

Los vínculos de Glencore y Comsur son de antigua data. Marc Rich & Co (actual Glencore) y Comsur hicieron negocios conjuntos en Argentina (1987), cuando a través de un préstamo o sociedad, Comsur adquirió la propiedad de la Compañía Minera Aguilar S.A. Varios años después (2005) se reportó la transacción a través de la cual, la Suiza Glencore adquirió el control de Comsur y Minera Aguilar S.A.

La coincidencia de esta última fecha (2005), deja muchas dudas respecto a la legalidad y legitimidad del arbitraje internacional iniciado por Glencore contra Bolivia. No sería extraño que se trate de una operación artificial con el único objeto de extender la protección de un tratado bilateral de inversiones a las propiedades mineras que dejó Sánchez de Lozada a tiempo de huir del país.

Es de esperar que éste y otros hechos, sean debatidos y resueltos debidamente por el Tribunal Arbitral Internacional conformado para este caso, uno de los más sensibles para nuestro país, cuyas audiencias, según información publicada por la Procuraduría General del Estado y varios medios de prensa, se celebran en estos días.

El autor es abogado, diplomático y docente universitario