¿De qué vamos a vivir?

Esa pregunta, que ha salido repetidamente de los labios de candidatos anticonstitucionales, ha resonado también en el exitoso seminario “Bolivia en el Sistema Internacional”, organizado esta semana por el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Católica Boliviana.

El modelo de desarrollo del Gobierno actual se basa en monetizar los recursos naturales recibidos de anteriores gestiones hasta agotarlos, sin esforzarse para explorar o investigar nuevos yacimientos de minerales o de hidrocarburos. En verdad, desde hace un par de años, se intentó recuperar el terreno perdido, pero sin éxito, a causa de una mezcla de ineptitud, mentiras y mala suerte.

En el caso específico del gas, han surgido problemas en cascada: el maquillaje de las reservas, la caída de la producción, la reducción de la demanda de los mercados externos, la industrialización fallida, la declinación de los pozos y, adicionalmente, la necesidad de importar más y más diésel y gasolina, con efectos desastrosos sobre la balanza de pagos y el monto del subsidio.

El “cambio de época” del comercio del gas ha llevado a ese sector a una situación aún más crítica: los mercados externos están desligando el precio del gas natural del precio del petróleo, de modo que una subida del precio del barril, que antaño significaba buenas nuevas para Bolivia, ahora implica una ulterior erogación de divisas, que se acerca y supera las que se recibe por la venta del gas.

Como la necesidad tiene cara de hereje, el Gobierno ha lanzado dos medidas: la comercialización de agrocombustibles (otrora satanizados) y la explotación en serio del litio, cuyo ciclo, imaginariamente, reemplazaría el del gas. Por razones de espacio, me abocaré a la primera medida.

Si bien es cierto que una mezcla razonable de agrocombustibles puede reducir la erogación de divisas, no es menos cierto que el subsidio aumentará debido al mayor costo de los agrocombustibles. Sin embargo, el problema mayor es que ese paliativo, aplicado sin mejorar la productividad y a costa de invadir áreas boscosas, conlleva un incremento del área de cultivos de caña y de soya en proporción al incremento del parque automotor, incluyendo la maquinaria agrícola necesaria para esa expansión.

Por tanto, “ese” desarrollo no es sustentable y se parece a un perro que se muerde la cola. Por lo pronto, su mera propuesta está al origen de la quema de más de tres millones de hectáreas de tierras, incluyendo bosques ancestrales y reservas fiscales.

He defendido, en múltiples foros, un desarrollo alternativo que pasa por encarar una transición, gradual pero inexorable, de un modelo puramente extractivista a uno amigable con el medio ambiente y diversificado. Los –dizque– 4.000 dólares que aún nos quedan no debemos apostarlos a un solo número de la lotería.

De hecho, hay acciones que podríamos emprender ya por consenso: reemplazar paulatinamente el gas subsidiado que se quema en las termoeléctricas por fuentes renovables (solar e hídrica fundamentalmente) que el país posee en abundancia y, de ese modo, disponer de mayores volúmenes de gas para la exportación; usar realista e inteligentemente las reservas de litio y los excedentes de energía eléctrica para liderar el transporte eléctrico en la región; atraer, mediante normas racionales, capitales para la exploración de minerales e hidrocarburos, regenerando la confianza de las inversiones de riesgo en el país; desarrollar el turismo y la economía verde y, sobre todo, fomentar la calidad educativa y el emprendimiento juvenil.

Este cambio de época requiere de un nuevo gobierno, capaz de liberarnos de las ataduras desarrollistas atávicas y de inspirar confianza en lo que nuestra gente puede y sabe hacer.

El autor es físico y analista