Sin Estado

La definición más básica de Estado es que este es una “sociedad política y jurídicamente organizada y asentada sobre un territorio”. El elemento jurídico son las leyes ya que, sin estas, no existe “Estado de derecho” y, consiguientemente, no existe Estado.

¿Desde cuándo Bolivia dejó de ser un Estado?

Más de una vez escribí en esta columna, antes de noviembre de 2019, que la institucionalidad boliviana se rompió cuando el entonces presidente Evo Morales decidió no respetar los resultados del referendo del 21 de febrero de 2016 y participar, de todas maneras, en las elecciones siguientes.

Al revisar los sucesos de los últimos días, me di cuenta que me equivoqué.

No. La institucionalidad boliviana no fue interrumpida con la vulneración de los resultados del 21F sino antes, mucho antes.

Entre los años 2000 a 2002, el enfrentamiento entre el Estado boliviano, que todavía lo era, y el poder en el que se habían constituido los cocaleros del Chapare había alcanzado su pico más alto.

Un punto de inflexión fue el asesinato de los esposos Andrade y de los sargentos Gabriel Chambi y Silvano Arroyo. Estos crímenes, particularmente las muertes de los Andrade, constituyeron crímenes de lesa humanidad por su alto contenido de barbarie y ferocidad. Los principales acusados fueron Evo Morales y Margarita Terán.

¿Hubo castigo para esos crímenes? No. Ni Morales ni Terán fueron acusados ante la justicia así que no se inició investigación alguna. Aparentemente, la inacción de la justicia se debió a una negociación entre los cocaleros y el gobierno de Hugo Banzer.

Se vulneró la ley, se cometieron crímenes espantosos (Graciela de Andrade fue violada delante de su esposo antes de que le cortaran un seno y la mataran) pero el Estado no hizo nada. Con la serenidad que dan 20 años de distancia, puedo afirmar que la institucionalidad boliviana se quebró ahí, en ese pacto político que pasó por encima de lo jurídico.

Tanta impunidad les dio a los cocaleros aquella disimulada amnistía que, meses después, mataron a más policías y militares. Los casos que conozco son los de los subtenientes Marcelo Trujillo Aranda, del Ejército, y Saúl Coronado Gastelú, de la Policía, porque ambos eran potosinos. En casos separados, ambos fueron secuestrados por los cocaleros, torturados y asesinados. El Gobierno del entonces presidente Jorge Tuto Quiroga tampoco hizo nada. Sin acusaciones penales en su contra, Morales siguió candidateando, llegó a presidente e hizo una de sus históricas confesiones: a él no le interesa la ley. Si la vulnera, vienen los abogados y arreglan la cosa porque “para eso estudiaron”.

Ahora se puede entender cómo es que los bloqueadores mataron a más de medio centenar de enfermos que necesitaban oxígeno y el Estado no hace nada para sancionar esos crímenes.

El autor es Premio Nacional en Historia del Periodismo