Reformas y reactivación: los desafíos para el siguiente gobierno

Los dos ejes de la contienda electoral son la salud y la economía, tanto por razones coyunturales como estructurales y, aunque lo peor parece haber pasado, las condiciones económicas que enfrentará el próximo gobierno no serán fáciles. El desafío es doble, pues mientras se debe continuar con el proceso de reactivación, será necesario encarar una serie de reformas estructurales que permitan salir de la desaceleración que enfrenta la economía boliviana desde 2014.

Salvo por algunas disonancias, en general se percibe un consenso sobre puntos como mantener el tipo de cambio, reducir el excesivo gasto fiscal o cambiar el diseño opresivo del esquema impositivo. Sin embargo, estos consensos no necesariamente se dan por las razones correctas. Por ejemplo, mover el tipo de cambio sería un error no solo por los fuertes efectos en la inflación y el escaso impacto en el desempeño exportador, sino que –sobre todo– se debe mantener el tipo de cambio porque la estabilidad del sistema financiero está vinculada al mismo y, principalmente, porque es el síntoma y no el problema.

Los problemas estructurales pasan por el excesivo gasto fiscal, empujado por un esquema de inversión pública ineficiente y que no atendía la función esencial de un gobierno (proveer bienes públicos y servicios de calidad). Esto tuvo un efecto perverso en el sector privado: lo hizo altamente dependiente del gasto fiscal. A eso hay que agregar una débil institucionalidad, que junto con un sistema de justicia poco transparente hacen que los derechos de propiedad sean difíciles de hacer respetar, por lo que se desincentiva la inversión y se mantiene una economía atomizada y poco formal.

Además, la pandemia ha planteado un desafío adicional a lo descrito. Si bien los problemas estructurales son importantes y conocidos, lo urgente es atender las consecuencias derivadas de la emergencia sanitaria y que están, como se ha repetido hasta el cansancio, originadas en shocks de oferta y de demanda al mismo tiempo.

Y aquí viene el problema y las tareas para los equipos económicos de los candidatos. En primer lugar, aún no tenemos información suficiente para saber cuál de los problemas (si el de oferta o el de demanda) es el más grande, ya que en muchos casos la pandemia, tanto en el ámbito sanitario como económico, todavía no ha pasado. Mientras que el manejo de una crisis de demanda es relativamente fácil, porque gran parte del instrumental con que cuentan los gobiernos tienen efectos directos en la demanda agregada, las crisis de oferta suelen requerir medidas mucho más complejas. En un momento en el que no se puede ser ineficiente en el uso de los recursos, la sintonía de la política económica deberá partir de una correcta cuantificación de los efectos pospandemia.

Por otro lado, el instrumental con el que gran parte de los economistas y analistas de las fuerzas políticas en contienda evalúan la situación económica sigue siendo primordialmente macroeconómico, lo que puede llevar a serios problemas de identificación y direccionamiento de los esfuerzos públicos. Los efectos por región, sector e incluso subsector de la economía han mostrado ser altamente heterogéneos, a lo que hay que agregar la difusa separación entre la actividad productiva, el patrimonio familiar y el empleo, y las relaciones familiares en el grueso del aparato productivo.

Un punto aparte merece el sistema financiero, ya que más allá de la predominancia de un efecto u otro, el mecanismo a través del cual se van a inyectar recursos a las empresas o a las familias, es éste. Lo que ha provocado la pandemia es un bache en la liquidez de los prestatarios (y con el diferimiento de pagos también en las propias entidades financieras) al mismo tiempo, ha generado un entorno de mayor incertidumbre que la que el sistema puede manejar.

En este escenario, los fondos para las reprogramaciones y de garantías, junto con la viabilización de mecanismos de titularización son las respuestas que se han generado por el actual Gobierno, pero que requerirán continuidad en la siguiente administración.

El objetivo de los primeros dos instrumentos es permitir que los recursos sigan fluyendo a través de los circuitos financieros, en un momento en el que las empresas y familias, que normalmente podrían seguir cumpliendo con sus obligaciones, no pueden hacerlo. El exceso de incertidumbre es absorbido por el Estado y así se evita que una crisis de liquidez se transforme en una crisis de insolvencia.

Por su parte, la titularización permite al sistema financiero acceder a nuevos recursos para capitalizarse y así poder atender el requerimiento de nuevo capital de trabajo e inversión por parte de sus clientes en un momento pospandemia.

Finalmente, la ruta crítica de la agenda legislativa en materia económica es fundamental. La atracción de inversión y de recursos externos, necesarios para llevar adelante la reactivación, no es factible sin que se desmonten algunas trabas que se han ido generando desde la Asamblea Legislativa. Para esto, la evaluación de los impactos, la identificación de los sectores meta y los canales a través de los cuales se van a inyectar los recursos es sumamente importante.

El autor es economista y director del Banco Central de Bolivia