Estado ajeno y criminal

Que el Estado es extraño a las personas, los ciudadanos, es un dato hoy universal; pero, que asuma un trato tan adverso y hostil, como lo es en el que llamamos “nuestro” Estado, es una peculiaridad de gran parte de lo que solía llamarse el Tercer Mundo; peor o mejor, según las circunstancias de cada país.

Lo otro que se ha universalizado, con escasas excepciones, es el proceso de expropiación del Estado y la democracia, de la ciudadanía hacia el especializado grupo de políticos profesionales que tienen el privilegio de disputárselos periódicamente en elecciones, para ocuparlo y utilizarlo en beneficio propio y de los grupos con los que contraen deudas para conseguir su ascenso.

Y también, casi en todas partes, que esa forma de funcionamiento del sistema político alimenta procesos de criminalización del poder político para practicar un metódico ejercicio de la corrupción, entendida como todo abuso del poder público para el beneficio privado de individuos o grupos. 

Las principales expresiones de esta corrupción son la exigencia de pagos ilegales por servicios públicos, el desvío de fondos estatales a manos privadas, la obtención de recursos por entregar y malbaratar recursos naturales subastando el medioambiente; y, como categoría cada vez más usual, el empleo de las fuerzas de seguridad y la administración de justicia como policía política de los gobiernos.

El volcán de noticias sobre corrupción funcionaria que ha erupcionado en este último otoño en Bolivia, ha desnudado alguna de las múltiples maneras en que se nos abusa y explota, por ese Estado ajeno (y concurrentemente por la Iglesia, que se atribuye el rol de gestora y custodia de la fe de sus feligreses). Ya sea entregando a la depredación de la minería privada nuestras reservas naturales, cerrando los ojos a actividades fraudulentas de entidades financieras, u obteniendo ganancias por la concesión de contratos estatales.

Una muestra de manual es lo ocurrido con el renunciante ministro de la cartera de Medioambiente, descubierto porque la colaboradora a quien encargó coleccionar parte de sus cobros dice haber llegado al límite de su tolerancia frente a la avidez y codicia de su jefe. 

Este alto funcionario administró 5.198 millones de bolivianos durante el largo período en que el presidente lo mantuvo en su puesto. La misión de la recolectora era lograr alrededor del 8% de cada contrato del ministerio que, si se hubiese llevado al pie de la letra, le habría proporcionado a la máxima autoridad ejecutiva del ramo, unos 415 millones de bolivianos de beneficio, o al menos la mitad, si adecuaba su apetito a las tarifas habituales en el mercado.

Hasta ahora sólo se han mencionado 18 millones de beneficios, invertidos en inmuebles y automotores, en las capitales departamentales más distantes del “eje”. Curiosamente, es la misma cantidad que se hizo pública en el caso de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y que ha sido declarado como “adelanto”, por parte de los fiscales encargados de investigar la entrega de esos fondos en una habitación de hotel por parte del gerente de la empresa China Harbour Engineering Company (CHEC) a ejecutivos de la ABC.

El antecedente induce a esperar que el exministro de Medioambiente, que permaneció más de tres meses en el cargo pese a la entrega de pruebas de actividad delictiva, pueda ser liberado en unos meses, absuelto de pena y culpa y, tan indignado, que reclame la devolución de su puesto y una indemnización. Todo depende de la cantidad de recursos que pudiese haber ahorrado para emergencias, o de las evidencias que pudiese tener de que actuó bajo protección o patrocinio.

Los fiscales o jueces que se encarguen del caso ya saben —no sólo por el antecedente de la ABC— que, cualesquiera sean sus acciones, no tendrán problemas, gracia a la regla vigente de que sus actos son intocables e impunes, siempre que los intercambien por el favor de perseguir a los opuestos o disidentes del régimen.

El Estado es ajeno y criminal en nuestro país, desde su creación, pero los extremos que ha alcanzado ahora han provocado que los máximos directivos del partido que amparó y patrocinó a los gobernantes de hoy, los acusen de una larga lista de delitos, incluyendo la protección y el amparo de bandas criminales que producen y exportan cocaína.

No puede pedirse una prueba mayor de que empezar a solucionar lo que pasa no nacerá del Estado carcomido y decadente, sino de la sociedad a la que explota y abusa.