El crimen transnacional
El domingo último, los cuatro países que integran la Comunidad Andina (CAN) acordaron un plan “para luchar contra el flagelo de la criminalidad organizada transnacional”. La decisión fue adoptada 10 días después del estallido de violencia detonado por las mafias del narcotráfico en Ecuador.
Es una medida oportuna y tendría que servir de inspiración a otra similar motivada por el impacto del contrabando, cuya expansión y peligrosidad lo ha convertido en una amenaza que trasciende los ámbitos nacionales.
En efecto, la XXIV Reunión Extraordinaria del Consejo Andino de ministros de Relaciones Exteriores junto a los ministros y autoridades a cargo de la Seguridad Interna de los cuatro países que conforman la CAN —Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú— aprobaron un Plan de Acción Resolutivo (PAR), de cumplimiento obligatorio, “sobre la delincuencia organizada transnacional”.
El propósito de la iniciativa es lograr más cooperación entre los Estados de la CAN para detener el crimen organizado.
El pacto consta de 13 apartados centrados en reforzar los pasos fronterizos y la cooperación en materia aduanera o de inteligencia, y en él se destaca la llamada “Red Andina de Seguridad 24/7”, operativa a partir del primer trimestre 2024, centrada en “intercambiar información sobre la actividad de agrupaciones delictivas” que “atenten contra la seguridad pública” en los territorios de los países firmantes o en sus fronteras.
“La gran palabra que resume el PAR es coordinación”, aseguraba, anteayer en Lima, el Secretario General de la CAN, antes de decir que se debe enfrentar a “una criminalidad que se conecta, interactúa y hace operaciones transnacionales”.
El contrabando ejecuta operaciones ilegales transnacionales y, como se evidenció una vez más hace un par de semanas con la muerte de cinco militares del Comando Estratégico Operacional de Lucha contra el Contrabando (COE) de las FFAA —que murieron quemados como efecto de una acción criminal, en el sur del país— esa actividad es una amenaza para los bolivianos.
Es cierto que Bolivia y los cinco países con los que limita —Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Perú— no conforman un organismo de integración, como es el caso de la CAN. Pero el contrabando en sus fronteras comunes es perpetrado por organizaciones criminales y constituye una amenaza muy real para la seguridad del Estado, como lo vienen alertando desde hace buen tiempo autoridades y empresarios.
Ésa tendría que ser motivación suficiente para una iniciativa de cooperación entre los Gobiernos de Bolivia y los países vecinos.
