Trump, el Chapare y los cárteles

El pasado lunes, el presidente Donald Trump firmó una serie de órdenes ejecutivas que incluyen la designación de los cárteles de narcotráfico como organizaciones terroristas. Esta medida abarca no sólo a las grandes redes de tráfico de drogas, sino también a los fabricantes de sustancias ilícitas. En las próximas semanas, el Departamento de Estado publicará un listado oficial de estas organizaciones, lo que promete muchas sorpresas en este lado oscuro del universo.

Aunque Bolivia no es tradicionalmente conocida como un país dominado por cárteles, su papel como productor clave de cocaína es ampliamente reconocido. En la región del Chapare, una zona tropical de alta actividad cocalera, existen numerosas fábricas que alimentan la cadena de tráfico hacia mercados de América del Norte, Europa y Asia. La cuestión clave es si Trump considera a los productores de cocaína del Chapare como un cártel organizado.

En el Chapare, las federaciones de cocaleros no solo controlan la producción y comercialización de la hoja de coca, sino que ejercen una fuerte influencia en los poderes del Estado boliviano. Estas organizaciones han sido acusadas de presionar a las autoridades para evitar investigaciones que las vinculen al narcotráfico.

El año 2003, durante la gestión de Gonzalo Sánchez de Lozada y desde el Ministerio del Gobierno ya se conocían informes que indicaban que algunos de los miembros de las federaciones habrían recibido entrenamiento militar en Cuba y apoyo de expertos guerrilleros colombianos con experiencia en el resguardo de rutas de narcotráfico. Durante décadas las federaciones han financiado políticas públicas destinadas a presentarlas como defensoras de la democracia y la reserva moral del país, mientras emplean tácticas que generan miedo y control sindical.

La decisión de Trump de equiparar a los cárteles con organizaciones terroristas no es del todo novedosa en Bolivia. En 2012, el expresidente Evo Morales reformó el artículo 133 del Código Penal boliviano, definiendo como actos terroristas aquellos que atenten contra la salud pública (producir cocaína) y la seguridad de los medios de transporte (bloquear caminos) que busquen generar alarma colectiva. Sin embargo, este tipo de delito no ha sido aplicado a los grupos del Chapare, a pesar de las pruebas que, según algunos analistas, vinculan a estas federaciones con actividades ilícitas.

Uno de los mayores desafíos para Bolivia será desvincular al aparato gubernamental del narcotráfico institucionalizado. La extradición del coronel Maximiliano Dávila, exjefe policial acusado de vínculos con el narcotráfico, es un caso emblemático de la presión internacional. Su envío a EUU para enfrentar la justicia podría ser interpretado como un primer paso hacia la cooperación con la administración de Trump, incluyendo la posible reinstalación de la Drug Enforcement Administration (DEA), expulsada del país en 2008.

Por otro lado, la cercanía de Evo Morales con Nicolás Maduro, presidente de Venezuela y acusado por EEUU de narcoterrorismo, podría complicar aún más su situación. Con una recompensa de 24 millones de dólares sobre la cabeza de Maduro, la posible inclusión de Morales y otros líderes bolivianos en una lista de figuras vinculadas al terrorismo es un escenario que genera inquietud. En este contexto, las próximas semanas serán preocupantes para figuras como Evo Morales, cuya reputación se torna cada vez más complicada.

Si las federaciones son etiquetadas como cárteles, existe la posibilidad de atentados violentos como represalia, contra intereses de EEUU en Bolivia, extremo éste que no puede ser descartado. Además, cualquier intento por parte del Gobierno boliviano de cortar vínculos con las redes criminales infiltradas en el aparato estatal podría generar inestabilidad política interna, como ya ocurrió en 2024 con los bloqueos de caminos orquestados por las federaciones de cocaleros.

La decisión de Trump de calificar a los cárteles como organizaciones terroristas podría marcar un antes y un después en la lucha contra el narcotráfico en Bolivia. Más allá de las tensiones políticas y los riesgos de represalias, esta medida tiene el potencial de desarticular redes que han operado durante años con relativa impunidad. Sin embargo, el éxito de esta iniciativa dependerá de la capacidad del Gobierno boliviano para enfrentar tanto las presiones internacionales como las internas.

El autor es abogado