La FEPC exige medidas urgentes para frenar crisis por falta de combustibles
Un informe técnico de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC)detecta que la escasez de combustible está ejerciendo una triple presión sobre aparato productivo del país: desaceleración del crecimiento, inflación persistente y dependencia crítica de importaciones de hidrocarburos.
El estudio “Escasez de diésel y combustibles, disrupciones logísticas, aumento de costos empresariales y dinámica de precios”,elaborados por la Unidad de Análisis Económico (UAE – FEPC), sostiene que la reducción del 10% en el abastecimiento de combustibles en los últimos 12 meses, ocasionó pérdidas estimadas en $us 1.728,4 millones al PIB nacional y $us 207 millones al PIB departamental.
Según el informe, la inflación interanual alcanzó el 25%, con alimentos en 30%. Este escenario, caracterizado por estancamiento productivo y alza de precios, configura un riesgo de estanflación que afecta a empresas, empleo y competitividad en Bolivia.
Sobre el informe, el presidente de la FEPC, Juan Pablo Demeure, advirtió que la coyuntura actual exige medidas urgentes para evitar un deterioro mayor de la economía y proteger las fuentes de empleo formal.
“La crisis de combustibles amenaza la estabilidad de la economía y el empleo formal. Urge que autoridades y empresarios trabajemos juntos en soluciones inmediatas y sostenibles”, afirmó Juan Pablo Demeure.
Según el Informe Técnico de Coyuntura, Cochabamba proyecta para 2025 un crecimiento del PIB de apenas 0,62%, acumulando tres años consecutivos de estancamiento. El documento advierte que, de mantenerse esta tendencia, la región enfrentará un escenario de estancamiento prolongado. En paralelo, la inflación interanual alcanza el 24,28%, con alimentos al 30,64%, erosionando el poder adquisitivo y limitando el consumo interno.
El informe señala que la producción nacional de diésel y gasolinas se encuentra muy por debajo de la demanda interna. Entre enero y julio de 2025, la producción de gasolina cayó un 20% y la de diésel un 30%, obligando al país a importar el 66% de la gasolina y el 91% del diésel consumido. Esta dependencia elevó los costos fiscales, generando una carga insostenible en subsidios y reduciendo la capacidad de respuesta estatal.
