Paz y Lara: reflexiones en voz alta sobre el poder dual

Columna
BITÁCORA DEL BÚHO
Publicado el 20/11/2025

Nada más sabio y prestidigitador que la frase del doctor Vergerus en la película “El huevo de la serpiente”, de Ingmar Bergman: “Cualquiera puede ver el futuro, es como un huevo de serpiente. A través de la fina membrana se puede distinguir un reptil ya formado”. 

Ciertamente esta es una metáfora terrorífica del proceso de gestación de un ser que, si bien se muestra inofensivo y hasta simpático al principio, pronto nacerá y se convertirá en un gigantesco monstruo. En un reptil.

Lo peor de la sentencia de Vergerus es que todos lo pueden ver, todos pueden advertir la tragedia que se viene y, aun así, aceptarlo e ignorar sus consecuencias devastadoras.

Pero el tiempo de eclosión del huevo llega y nace la criatura. El poder está en sus manos y ya nadie lo puede parar. 

La política boliviana, históricamente atravesada por tensiones entre, legitimidad y movilización social, se enfrenta, en el Gobierno de Paz-Lara, a un escenario que siempre amenazó con desorbitar la institucionalidad: un gobierno dual. 

Este fenómeno, lejos de ser únicamente un conflicto personal o administrativo, puede analizarse como una situación de soberanía dividida, un concepto central en la teoría política que describe momentos en los que dos actores reclaman simultáneamente la autoridad legítima sobre un mismo espacio de poder. El resultado, como advierten pensadores desde Jean Bodin hasta Max Weber, es la erosión de la unidad del mando, condición esencial para la estabilidad del Estado moderno.

Desde la óptica weberiana, las posibles disputas entre Paz y Lara implicarían un choque entre distintas formas de legitimidad. Cuando las instituciones no logran resolver de manera clara quién detenta la autoridad, la legitimidad legal-racional se debilita y se abren espacios para legitimidades alternativas: carismáticas, mediáticas o movilizadas. En este punto, el conflicto deja de resolverse por normas y comienza a resolverse por correlaciones de fuerza, un síntoma claro de lo que Guillermo O’Donnell conceptualiza como crisis de gobernabilidad: una situación en la cual las instituciones pierden capacidad efectiva de tomar y hacer cumplir decisiones.

Un gobierno dual, por su propia naturaleza, transforma un conflicto político normal en un juego de suma cero. Paz y Lara no disputarían únicamente un cargo; disputarían la definición misma de la autoridad. En términos gramscianos, ambos aspirarían a construir una hegemonía paralela, buscando que la sociedad reconozca, acate y legitime su propia interpretación del orden político. Este tipo de competencia genera un vacío hegemónico que puede derivar en lo que Ernesto Laclau denomina un momento populista, donde cada liderazgo intenta asumir la representación exclusiva del “pueblo verdadero” en contra del otro, intensificando la polarización.

El impacto de esta situación sobre la administración pública es inmediato. El Estado, que Weber definía como el monopolio legítimo de la violencia, necesita también el monopolio administrativo de la decisión. Cuando dos autoridades dictan órdenes contradictorias, ese monopolio se fractura. Se produce lo que O’Donnell llama un Estado de baja autonomía y baja capacidad, donde las instituciones se vuelven arenas de disputa y no instrumentos neutrales de implementación de políticas. Funcionarios, proveedores, organizaciones sociales y ciudadanos quedan atrapados en un dilema: obedecer a una autoridad supone desobedecer a la otra.

La dimensión social del conflicto tampoco puede ignorarse. La dualidad de poder tiende a generar un proceso de alineamiento identitario: cada actor político moviliza a sus bases para reafirmar su versión de la legitimidad. En sociedades altamente politizadas como la boliviana, esta dinámica puede escalar hacia lo que Charles Tilly identificaría como conflicto contenido que se transforma en conflicto transgresivo, es decir, el paso de manifestaciones y bloqueos hacia confrontaciones abiertas, toma de instituciones o episodios de violencia. La disputa deja de ser procedural y se convierte en existencial.

Un elemento clave para entender por qué emerge este escenario es la estructura misma del sistema político boliviano. Desde el institucionalismo histórico, puede afirmarse que Bolivia ha desarrollado instituciones de baja rigidez, blandas y un alto grado de informalidad, donde los actores muchas veces interpretan la norma según intereses coyunturales. Esta flexibilidad, útil para la negociación política, se vuelve peligrosa en momentos de liderazgo competitivo: abre el espacio para interpretaciones paralelas de legalidad y favorece la emergencia de un gobierno dual como mecanismo de presión.

La prevención de este escenario requiere repensar la institucionalidad en clave teórica. Primero, es esencial restablecer lo que Philip Selznick llamaba compromiso institucional: la idea de que las normas existen más allá de los actores y deben ser protegidas incluso contra las ambiciones individuales. Segundo, se necesita fortalecer mecanismos imparciales de resolución de controversias, reduciendo la intervención de la justicia como herramienta política. Finalmente, es urgente reconstruir una cultura de legitimidad compartida, donde los adversarios reconocen que la autoridad no puede fragmentarse sin consecuencias colectivas.

Un posible gobierno dual entre Rodrigo Paz y Edmand Lara no solo amenazaría la estabilidad administrativa y política de Bolivia, sino que revelaría fallas más profundas en la construcción de la autoridad, del país, la institucionalidad y la hegemonía democrática. 

Desde la teoría política, este fenómeno se comprende como una crisis de soberanía, legitimidad y gobernabilidad, donde el personalismo y la competencia estratégica erosionan las bases mismas del Estado. La superación de este riesgo exige reafirmar la unidad institucional del poder y fortalecer una cultura política que entienda que la legitimidad, como la soberanía, es un bien indivisible. Cuando se la fragmenta, lo que se quiebra no es solo un liderazgo: es la capacidad misma del Estado de representar y sostener el orden democrático.

El autor es comunicador social

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