Foucault y la miseria del poder en Bolivia

Por su puesto que vale la pena volver a Michel Foucault, una y otra vez, ahora que se cumplieron 100 años de su nacimiento. Sus ideas sobre el poder nos ayudan a entender una de las realidades más tristes de Bolivia: la facilidad con la que cualquiera que llega al Gobierno termina confundiendo al país con su propio bolsillo o su caja de ahorros.

Oráculo ¿Cuál es la mayor virtud de la democracia? Que cualquiera puede llegar a ser presidente. ¿Y su mayor tragedia? Que efectivamente, cualquiera puede llegar a ser presidente”.

Da igual que cambien las ideologías, los presidentes o las leyes; hay una vieja enfermedad política que nunca se cura. En Bolivia, el poder se sigue viendo como un trofeo de guerra y se usa como un privilegio solo para los que ganaron.

Foucault se pasó la vida estudiando cómo funciona el poder, cómo se mete en las instituciones y cómo nos cambia la forma de actuar.

Su análisis nos deja una verdad incómoda: el poder no está guardado bajo llave únicamente en el despacho del presidente o de los ministros.

El poder se mueve por todos lados. Está en las relaciones de cada día, en cómo obedecemos y en la capacidad que tienen unos de decidir sobre la vida de otros.

También se esconde en los trámites que nos parecen normales, en los favores que luego te cobran y en los silencios que se compran con plata.

Esta mirada nos calza perfecto para revisar la historia boliviana. Desde la Revolución del 52, el país pasó por de todo.

El MNR nacionalizó las minas, repartió la tierra y le dio el voto a todos. El Estado se volvió el dueño de la economía. Pero, al mismo tiempo, el poder se concentró en pocas manos, empezaron las peleas internas y las instituciones se debilitaron.

La revolución trajo derechos, claro que sí, pero no resolvió el problema real: quién controla al que manda y a quién beneficia ese control.

Después vinieron los militares, los golpes de Estado y las dictaduras. Ahí el poder se impuso a la fuerza, con armas y persecución.

El Estado se convirtió en el juguete de un grupo pequeño de militares y la gente no tenía ni voz ni voto. Cuando recuperamos la democracia en 1982 se terminó ese terror, pero no pudimos borrar las mañas autoritarias que ya se habían quedado a vivir en las oficinas públicas y en la cabeza de los políticos.

En 1985 llegó el Decreto 21060 y cambió la economía por completo.

Con el neoliberalismo, el Estado dejó de ser empresario y le abrió la puerta al libre mercado. Esa estabilidad económica costó muy caro a nivel social y dividió más al país.

El poder cambió de discurso: ahora hablaba de eficiencia y disciplina, mientras los ciudadanos se cansaban de una política tradicional que los dejaba afuera.

La llegada de Evo Morales en 2006 prometía ser la redención del país, pero terminó inaugurando uno de los hitos más oscuros, cínicos y negros de nuestra historia.

El caudillo cocalero supo vender muy bien el discurso romántico de la inclusión indígena y la deuda histórica para disfrazar lo que en realidad fue un asalto total al Estado.

Bajo el cuento de la nacionalización del gas y la refundación con la Constitución de 2009, se montó un aparato de poder absoluto donde la ley pasó a ser un chiste de mal gusto.

La promesa de cambio se pudrió rápido en sus propias manos: secuestraron la justicia para perseguir al que pensaba distinto, convirtieron el chantaje en política de Estado y desmantelaron cualquier freno democrático con tal de alimentar la obsesión enfermiza del jefe por quedarse a vivir para siempre en la silla presidencial.

Al final, el supuesto "gobierno del pueblo" resultó ser el mismo viejo autoritarismo, pero con un cinismo renovado y perfeccionado.

Así llegamos a una nueva etapa, con un MAS desgastado y el ascenso de Rodrigo Paz, que representa una línea de centro derecha.

Cambian las prioridades económicas y los discursos, pero el problema de fondo es idéntico. Ningún color político asegura, por sí solo, que un Gobierno sea honesto o eficiente.

El poder puede hablar en nombre de los trabajadores, de los empresarios, de los indígenas o del libre mercado. Lo que de verdad importa es qué hacen con la plata de todos, cómo tratan a la oposición y si respetan las reglas de la democracia.

Aquí es donde Foucault tiene toda la razón. Si el poder es una red que nos atrapa a todos, la corrupción no empieza ni termina en la silla presidencial.

Se copia en el funcionario que te pide coima para apurar un trámite, en el juez que falla por orden política, en el policía que te cobra en la calle, en el dirigente que usa las necesidades de su gente para ganar terreno y en el vivo que hace negocios solo por ser amigo del ministro.

También está en el partido que regala pegas a sus militantes, en el jefe que solo quiere aplaudidores y en el ciudadano que acepta un favor torcido porque ya no cree en la justicia.

Todos esos pequeños abusos sostienen una máquina que termina destrozando al Estado. Cada quien cuida su pequeña parcela de poder, maneja una llave, protege su tajada o decide a quién ayuda y a quién hace esperar.

La corrupción funciona porque tiene miles de puertas abiertas y porque los mismos que deberían frenarla se están beneficiando de ella. Cuando lo ilegal se vuelve rutina, la gente deja de indignarse y todo pasa a ser parte del paisaje cotidiano.

¿Qué es el poder en Bolivia entonces? Es la ventaja de decidir sobre los recursos, las oportunidades y las vidas de los demás.

Su miseria aparece cuando se usa para enriquecerse, perseguir al que piensa distinto, tapar delitos o cuidar el cargo como sea. Se vuelve una porquería cuando la política se reduce a ocupar espacios, repartir puestos y someter voluntades.

A ese nivel, gobernar ya no es una responsabilidad con la historia; es simplemente una pelea para ver quién se queda con el botín del Estado.

Foucault también nos explica por qué no alcanza con cambiar de partido en las elecciones.

Un Gobierno puede irse y otro entrar, pueden cambiar a todos los ministros, pero las relaciones de poder siguen vivas si las mañas de siempre no se tocan.

La democracia necesita votos, pero sobre todo necesita leyes que se cumplan, jueces independientes, controles reales y ciudadanos que exijan cuentas.

Sin esos frenos, el poder siempre encuentra la forma de salirse con la suya.

A un siglo del nacimiento de Foucault, me queda una certeza: Bolivia no tiene que discutir solamente quién va a gobernar, sino qué significa gobernar y qué límites tiene el gobernante.

Perdimos demasiado tiempo esperando a salvadores patrios y pusimos muy poco esfuerzo en armar instituciones que controlen a esos líderes cuando se creen indispensables.

Nuestra historia está llena de revoluciones que prometieron cambiarlo todo y de gobiernos que terminaron cuidando su propio kiosco.

El problema no es solo el que está arriba de todo. Importa muchísimo lo que pasa abajo, en esa enorme red de empleados públicos, intermediarios y dirigentes que mueven el país y que, casi siempre, encuentran en la debilidad del Estado su mejor negocio.

La verdadera fuerza del poder no se mide por cuánta gente te obedece con la cabeza baja, sino por los límites que eres capaz de aceptar.

Un Estado es fuerte cuando nadie puede usarlo como si fuera su casa, cuando la ley castiga también a los de arriba y cuando los derechos de un ciudadano valen por lo que dice la Constitución, y no por los contactos, su militancia o los favores que pueda pagar.

El autor es comunicador social.