Defensoría del Pueblo exige al Estado garantizar los derechos de las mujeres y frenar la violencia de género
La Defensoría del Pueblo exhortó este domingo al Estado a garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y a erradicar la violencia de género, en el contexto del Día Internacional de la Mujer.
A través de un comunicado institucional, instó a las autoridades del nivel nacional, departamental y municipal a asumir acciones concretas y verificables para prevenir toda forma de violencia contra las mujeres.
La entidad reconoció la lucha histórica de las mujeres por la igualdad, la dignidad y la justicia. En ese contexto, señaló que el 8 de marzo no constituye solo una fecha conmemorativa, sino también una jornada de memoria y de exigencia frente a las deudas persistentes del Estado y de la sociedad con los derechos de las mujeres bolivianas.
"La igualdad de género y el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia no son aspiraciones declarativas. Son obligaciones estatales ineludibles y condiciones esenciales para la vigencia plena de los derechos humanos y el fortalecimiento de la democracia en Bolivia", señala el pronunciamiento.
La Defensoría del Pueblo afirmó que la situación actual evidencia que estas obligaciones aún no se cumplen de manera efectiva. Según datos del Ministerio Público, hasta el 3 de marzo de 2026 se registraron 7.155 casos por delitos contemplados en la Ley Nº 348 para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia. De ese total, 5.390 corresponden a violencia familiar o doméstica.
Asimismo, hasta el 5 de marzo de la presente gestión se registraron 19 feminicidios a nivel nacional. La entidad subrayó que detrás de cada cifra existe una historia, familias afectadas y niñas y niños que enfrentan la pérdida de sus madres.
Ante esta situación, exigió el fortalecimiento de políticas públicas de prevención, investigaciones oportunas y diligentes, sanciones efectivas y medidas integrales de protección y reparación para las víctimas. También advirtió que la inacción o la respuesta tardía del Estado profundiza la vulneración de derechos humanos.
