Oro e impunidad
Con la liberación del único detenido por el intento de tráfico de casi 200 kilos de oro a Dubái, la investigación no solo está condenada al fracaso; sino, que la Justicia envía una señal de impunidad para quienes incurran en delitos aún sin importar que puede tratarse de un caso de saqueo de la riqueza nacional.
La liberación del detenido vinculado a la salida de casi 200 kilos de oro en un vuelo privado, que se descubrió en julio pasado, está lejos de ser un hecho aislado y anecdótico. Es una dura realidad de la justicia boliviana, que es la penosa constatación de la arbitrariedad con la que actúan los administradores de justicia y de la debilidad institucional que se observa en Bolivia.
El “caso Oro” ameritaría una investigación a fondo de parte de la Policía, el Ministerio Público y las instancias gubernamentales a cargo de regular la explotación del este valioso metal, como el Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom).
Tan importante como sancionar al traficante, detenido en flagrancia, es determinar la procedencia del oro, porque el cargamento ilegal constaba de 189,5 kilogramos de lingotes de oro valorados en al menos 25 millones de dólares, en el aeropuerto de Viru Viru en Santa Cruz, necesariamente, tuvieron que seguir un proceso de refinamiento en una empresa certificada fuera de Bolivia para estar en la categoría de buena entrega (Good Delivery).
La transformación del oro en lingotes implica necesariamente un proceso que requiere que el metal sea enviado a una empresa con certificado para hacer ese trabajo. Es probable que este cargamento haya sido enviado previamente fuera del país y que finalmente se lo haya intentado sacar por segunda vez por una vía irregular.
A ello se suma que el destino que seguía el oro iba hacia Dubái, que es considerado uno de los principales centros del comercio aurífero del mundo.
Las críticas contra los jueces por la liberación de personas vinculadas a grandes casos como el “caso Maletas” y la falta de resultados por el presunto envío de toneladas de madera impregnadas con droga a Chile no son aisladas. Son una percepción generalizada sobre la falta de una justicia verdadera.
El cambio de la justicia es una tarea pendiente del Estado y de los legisladores, muchos de quienes prometieron en la campaña promover una transformación para lograr una justicia transparente e independiente. Sin embargo, una vez que asumieron la conducción del país el tema está relegado en la agenda y la población sigue en calidad de testigo de los inexplicables fallos de los jueces. El nacimiento de una nueva justicia ya no puede esperar es urgente avanzar en una reforma de fondo para que todos los hechos reñidos con la ley sean sancionados y que nadie quede en la impunidad.
