Justicia independiente
En Bolivia es común escuchar que solo están detenidos los pobres o quienes no tienen influencias. Esa percepción de la justicia boliviana debería ser suficiente para que se promueva un cambio real en la administración de este Órgano en el país. Sin embargo, esta necesidad no ha transcendido de las ofertas electorales.
El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, reiteró en agosto “la existencia de una sostenida crisis humanitaria en los centros penitenciarios de Bolivia y exhortó al Estado a brindar una atención urgente a la situación de las personas privadas de libertad. Advirtió de que en los últimos años se identificaron problemáticas recurrentes, entre las que se destacan las deficiencias en la alimentación y el hacinamiento”.
La mala administración de justicia incluso ha dado lugar a que se formen asociaciones de “víctimas de la justicia”, que constantemente denuncian los fallos —que a su criterio— están alejados de las leyes y solo favorecen a determinados intereses. A pesar de que este fenómeno es visible desde hace muchos años en la agenda pública, no ha ameritado una investigación serie para transparentar los veredictos cuestionados.
La señal más potente para un cambio de justicia en Bolivia la dio el relator especial de las Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados, Diego García-Sayán, en su informe constató “que los patrones de injerencia en el sistema de justicia no han sido erradicados”.
La tarea más importante de las autoridades es comenzar a aportar para el cambio de la justicia en Bolivia. La transformación es urgente y sus resultados se deben ver en la comisaria más alejada del territorio nacional y en las principales instancias de la justicia y el Ministerio Público.
Las cárceles no pueden mantenerse como depósitos humanos y el reflejo de una justicia que se ensaña con los más débiles; sino, un espacio donde se cumplan sanciones de procesos judiciales que sean el resultado de una justicia independiente y transparente.
“La independencia del sistema judicial debe ser garantizada por el Estado, esa es su obligación internacional y constitucional. Todas las instituciones gubernamentales y de otra índole están llamadas a respetar y acatar esa independencia”, enfatiza la recomendación del Relator de las Naciones Unidas.
Recuperar la independencia de la justicia no puede limitarse a la elección de jueces; sino, que debe traducirse en políticas que logren un cambio desde los cimientos del sistema y lleguen hasta las máximas instancias que tienen la noble labor de administrar la justicia en Bolivia.
