Dotar de agua a todos
La escasez de agua que han vivido durante la anterior semana los vecinos del extremo sur de la ciudad de Cochabamba es una llamada urgente de atención para que los planes de acceso a servicios básicos se prioricen en el municipio de Cercado y en todo el eje metropolitano para garantizar que la población consuma agua de buena calidad.
El incremento del precio del diésel, a 17,95 bolivianos por litro, según el mercado internacional, provocó que el turril de agua, con 20 litros, aumente abruptamente de 10 y 15 a 20 y 25 bolivianos, de acuerdo con la distancia. Ante esta situación, las familias se han visto obligados a pagar más por el agua que consumen y a la vez a racionar más el uso del líquido.
Al encarecimiento del agua se sumó el conflicto entre los cisterneros y la Alcaldía de Cochabamba por la Ley Municipal 1927, que prohíbe el carguío de agua en las tomas o vertientes de la zona norte. Gran parte de estas fuentes de agua se encuentran cerca de las viviendas del parque Fidel Anze, debido a su conexión con el Parque Nacional Tunari, de donde proviene gran parte del agua que consume la ciudad.
Con la puesta en marcha de esta normativa queda prohibido el carguío en vía pública de agua y los camiones cisterna deberán abastecerse o dentro de los domicilios que tiene las vertientes o en las ocho pipetas que ha habilitado el Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Semapa) en puntos estratégicos de la zona sur.
Sin embargo, los “aguateros” rechazan la ley municipal, porque consideran que atenta contra su derecho al trabajo y observan que las ocho pipetas de Semapa son insuficientes para atender la demanda de 450 cisternas.
Este conflicto ha dejado ver que a pesar del funcionamiento del Proyecto Múltiple Misicuni aún hay familias, se estima un 9 por ciento de la población, que aún no tiene agua en sus casas debido a que las redes para la distribución no están listas para que el líquido llegue a cada una de las viviendas de manera segura.
Se trata de un problema que se advirtió mucho antes de que esté terminado el Proyecto Misicuni. Sin embargo, los municipios postergaron las obras no solo en la ciudad de Cochabamba; sino en Colcapirhua y Tiquipaya. La situación es más complicada en Quillacollo, donde está la represa Misicuni, pero donde la población no se beneficia con el agua.
El conflicto con los cisterneros es una señal para que las autoridades municipales, la Gobernación y el Gobierno Nacional gestionen los proyectos y financiamiento para que el agua de Misicuni y de otras fuentes llegue al 100 por ciento de la población y evitar que las familias de las zonas más alejadas tengan que pagar más o peor aún no tener agua, porque un día el camión cisterna deje de pasar por su puerta.
