Leyes: Recorte de Bs 338 millones repercute en menos programas y obras

COCHABAMBA | 

La Alcaldía de Cochabamba  realizó hoy la rendición pública de cuentas de la gestión final 2016 e inicial 2017. En la oportunidad, el alcalde José María Leyes, manifestó su preocupación por la reducción en el presupuesto y la burocratización del Gobierno nacional y departamental.   

En el acto realizado en el hotel Cochabamba, la autoridad edil indicó que el 2016 pasado su administración ejecutó el 82 por ciento de su presupuesto, lo que representa 1.641.028.372 bolivianos. En lo que va de este año, la ejecución está llegando al 40 por ciento, cifra que se encuentra dentro de las estimaciones realizadas.

“Cerramos el 2016 con una cifra récord de ejecución devolviendo a la ciudad de Cochabamba una de las ejecuciones más altas a nivel nacional en instituciones públicas”, dijo Leyes.

Enfatizó que en esta gestión se ha tenido una baja presupuestaria muy significativa. El año 2016 se tenía un presupuesto de 1.996.998.940 de bolivianos  y para esta gestión el presupuesto es de 1.658.092.401 bolivianos, es decir 338.906.539 bolivianos menos, una reducción del 17 por ciento en los recursos.

“Esto significa la ejecución de menos programas, de menos proyectos y de menos obras para nuestra ciudad y para nuestra población”, indicó.

Leyes explicó que la reducción del presupuesto se debe principalmente al recorte de recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). En 2014 alcanzaba una suma superior a 250 millones de bolivianos, para este año solo se tiene asignado 70 millones, es decir una reducción de dos terceras partes. Además, el 30 por ciento de estos recursos van destinados directamente al pago de la Renta Dignidad, que deja un presupuesto de 50 millones para los demás programas.

“Esto preocupa porque el IDH es un ingreso  que está destinado de manera directa para educación, salud y seguridad ciudadana”, añadió Leyes.

Ante la situación de la reducción de recursos, explicó que es esencial  el pacto fiscal para la redistribución de los ingresos que genera el Estado, de acuerdo al número de habitantes y necesidades de los municipios. El Alcalde recalcó que es “vital” que el pacto fiscal se resuelva antes de la aprobación del Plan Operativo Anual (POA) de 2018. “Caso contrario tenemos que reducir recursos a proyectos específicos”, añadió.   

Asimismo, la Alcaldía también  manifestó su preocupación por la “excesiva” burocratización por parte del Gobierno nacional y departamental. En cuanto a la instancia nacional se observó que existe una gran retardación en el registro y control del gasto público de los proyectos del POA del municipio. Indican que este proceso demoró tres meses en esta gestión.

La demora en la  aprobación de créditos para el municipio también fue un tema que fue criticado, ante el panorama de reducción del presupuesto. La aprobación de un préstamo tarda en algunos casos hasta ocho meses, según señaló Leyes.

En cuanto a la Gobernación, el Alcalde dijo que la aprobación de las licencias ambientas demoran las obras del municipio. Hasta en un año se posterga la otorgación de este requisito.