Indagan a tres empresarios por sobornos en Quillacollo
La Fiscalía citó a declarar a tres empresarios por el caso audios de corrupción que indaga el cobro de sobornos por la adjudicación de obras en la Alcaldía de Quillacollo tras la detención de los alcaldes Eduardo Mérida y Zacarías Jayta en 2018.
Primero
Uno de los empresario reveló que llegó a reunirse con el diputado Lucio Gómez, del MAS, para que evite la ejecución de sus boletas de garantías. El legislador habría solicitado el 10 por ciento de 1,2 millones de bolivianos a través de un intermediario para impedir el cobro, según su declaración en la Fiscalía.
Gómez se halla con detención domiciliaria desde el 2 de agosto, fue imputado por concusión y uso indebido de influencias, luego de que se hicieran públicos 37 audios en los presuntamente digitaba el cambio de alcaldes.
“Le conocí entre noviembre de 2018 y enero de 2019 mediante J. S., quien me lo presenta para que yo pueda hacer llegar denuncias”, indicó el empresario. Añadió que participó en la construcción de tres proyectos: la terminal, el centro de salud del distrito 7 y una cancha de fútbol.
En su declaración relató que exfuncionarios del exalcalde Zacarías Jayta (FPV y aliado del MAS) digitaron informes contra su empresa para rescindir el contrato con el fin de favorecer a otra.
Entre las irregularidades que identificaron están que no se compensaron los plazos, el pago de una multa de 50 mil bolivianos al Sernap por no tramitar una licencia ambiental y la anulación de la planilla de certificado de avance físico de la obra de un 20 por ciento.
“No cancelé nada, puesto que las boletas fueron ejecutadas. Considero que se han utilizado estrategias de extorsión contra mi empresa”, declaró el empresario.
Por estos motivos, afirmó que denunció por falsedad ideológica ante el Ministerio Público al exalcalde Antonio Montaño (FPV).
Segundo
El empresario negó un soborno por 2,6 millones de bolivianos para ganar la licitación de la planta de asfalto móvil por 11,6 millones de bolivianos y dijo que el proceso fue transparente.
“En fecha 19 de noviembre de 2018 participamos en la reunión de aclaración junto a varias empresas que también querían participar de la licitación (...) todas sugirieron cambios y modificaciones al DBC (Documento Base de Contratación)”, manifestó ante los fiscales.
La empresa “Vezla hizo notar que el DBC, así como fue publicado, inicialmente carece de insumos y equipos para el funcionamiento de la planta”, señaló.
Dijo que tuvo que recurrir a un amparo constitucional porque fue notificado por la Alcaldía para que se rescinda el contrato y por la falta de pago de 11,6 millones.
Al respecto, en su declaración, el exsecretario Finanzas Florens Amado sostuvo que se elaboró un cheque de 3 millones de bolivianos para iniciar la cancelación de la maquinaria, pero que no se emitió porque surgieron observaciones de Jayta.
Tercero
El tercer empresario citado por la Fiscalía rechazó tener vínculos con funcionarios o concejales de Quillacollo y agregó que sólo realizó una consultoría para el empresario que se adjudicó la construcción de un centro de salud en el distrito 7.
En los cuadernos de investigación testigos del caso audios mencionan a siete empresas que estarían vinculadas con el pago de sobornos a distintas autoridades por obras, entre ellas algunas del desayuno escolar al principio de la gestión.
“Se ha utilizado estrategias de extorsión contra mi empresa”, indicó un empresario en su declaración.
APELAN DOMICILIARIA DE TESTIGO CLAVE
El Viceministerio de Transparencia y el Concejo Municipal de Quillacollo apelaron a la detención domiciliaria del testigo clave del caso audios de corrupción, Jesús Saldívar, quien tiene detención domiciliaria desde el 18 de septiembre. Ésta es la primera vez que las dos instituciones intervienen para modificar las medidas sustitutivas uno de los 13 implicados en este caso.
El abogado de Jesús Saldívar, Royer Ramos, indicó que la audiencia se realizará el viernes 11 de octubre en la Sala Penal Nº2 de Cochabamba.
GÓMEZ TENÍA REGISTRADOS CONTACTOS DE CONCEJALES
REDACCIÓN CENTRAL
El Ministerio Público encontró en el celular del diputado del MAS, Lucio Gómez, registrado el número de la mayoría de concejales de Quillacollo.
En su lista de contactos de su teléfono celular también se encuentran los números de exautoridades, exfuncionarios, empresarios, dirigentes y del actual candidato a diputado del MAS por la circunscripción 28, Pacífico Choque.
En el informe al que accedió este medio, la Fiscalía logró corroborar que al menos cinco de estos números coinciden con los que proporcionaron las personas que fueron a declarar. Sólo dos de los convocados admitieron que conversaron con el legislador nacional.
El celular del parlamentario fue secuestrado el 1 de agosto, luego de su aprehensión. El abogado de Gómez, Gilmar Terrazas, evitó referirse al tema.
Gómez, en la única declaración informativa que brindó, negó que se haya reunido o que habría contactado a los concejales para negociar cargos o cometer irregularidades.
Incluso rechazó haber sostenido encuentros con el alcalde suspendido Eduardo Mérida y testigos del caso audios para planificar la denuncia contra el exalcalde Zacarías Jayta (FPV aliado del MAS y el concejal Víctor Osinaga (MAS) por cobros irregulares. Sin embargo, sus afirmaciones no coinciden con las que brindaron otros implicados en el caso.
