La gente compra ropa usada por los precios, pese a la ilegalidad
Los bajos precios y la diversidad son los dos motivos por los que la gente compra ropa usada. Sin embargo, al hacer la transacción son parte de una actividad ilegal y que es cuestionada por afectar a la producción nacional.
Los puestos de venta de ropa usada actualmente llenan al menos ocho manzanos desde la avenida Aroma. La gente camina entre la ropa, zapatos, accesorios e incluso electrodomésticos que se oferta en gran cantidad.
“Es que son baratos, pares de zapatos hasta en 40 bolivianos, eso no lo tienes en una tienda (...) Sé que no es legal, pero hay que mirar el bolsillo”, cuenta una compradora, Rosario.
La gente sabe que la venta y compra de ropa usada es una actividad ilegal, pero aún así no le impide comprar. Empero, no todas piensan igual y son más críticas.
“Estamos matando la industria nacional. El Gobierno debería velar por impulsar la producción, así tendremos más fuentes de trabajo (...) Alguna vez compré, pero trato de evitarlo”, manifestó un ciudadano, Luis Rocha.
La realidad es que el rubro crece cada vez más, pese a que hace 12 años el Gobierno generó un fondo de reconversión productiva con 80 millones de bolivianos. El objetivo era que quienes se dedican al contrabando de ropa usada cambien de rubro.
Al contrario, muchos utilizaron los recursos para invertir más en ropa usada y hoy nadie da cuentas sobre estos recursos del Estado.
Mientras, ésta se comercializa desde los cinco bolivianos, por ejemplo, la ropa interior, hasta en 200 y 300 bolivianos pantalones que replican marcas extranjeras. También se vende planchas para el cabello a 60 bolivianos, además de otros electrodomésticos.
NACIONALES EXIGEN ESTAR PROTEGIDOS
Los vendedores de ropa usada del país marcharon y exigieron la legalización de su rubro, la pasada semana. Esta situación despertó alerta en los empresarios y productores nacionales que exigen la protección de su trabajo y el incentivo a la compra de lo hecho en Bolivia.
Según datos de la Cámara de Industria (Camind), el efecto son 100 millones de dólares que salen del país. A esto se suma que se trata de una actividad que no paga impuestos, por lo que el daño económico llega a 140 millones de dólares anuales. “Si esto no se frena, en los próximos tres años esos 140 millones de dólares van a crecer en 50 por ciento”, según el tesorero de la Camind, Ramón Daza.
