El abuso de la vivienda social

El derecho a la vivienda fue asumido como un derecho humano por la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, indicándose desde entonces que toda persona tiene derecho a una vivienda digna y adecuada, no solamente cobijo sino también una vivienda fija, estable, de calidad, asequible en el precio, como en el alquiler, la seguridad jurídica y en la tenencia.

Muchos Estados incorporaron en sus constituciones este tipo de derechos sin especificar, en contrapartida, quiénes son los encargados de proveer todos esos ambientes para todos los seres humanos. Las mismas ilusiones que realizaron los socialistas cuando prometieron el cielo en la tierra sin mencionar cómo iba a ser empedrado el camino a ese infierno. Entonces, el Estado busca la materialización de esa promesa sea mediante el robo por tributos o la ocupación de la propiedad, tal como desquiciadamente gritaba Hugo Chávez: ¡exprópiesele!

Si los antiguos romanos establecieron, en algún momento, que el propietario puede ejercer absolutamente la propiedad mediante el jus usendi, jus abutendi y jus fruendi, es decir, el derecho de usar, abusar y disfrutar de los frutos de la cosa, hoy en día, ese derecho es tan limitado que las constituciones socialistas permiten que los Estados subordinen los derechos individuales a los derechos colectivos.

Los consagrados derechos individuales de la vida, libertad y propiedad, han sido relegados por los pseudoderechos de las mayorías. Imaginemos una persona que a lo largo de su vida con mucho esfuerzo y trabajo ha obtenido propiedad, luego tendrá que compartir obligatoriamente el techo que construyó con quienes sólo han tenido el mérito de existir, o peor aún, que alguien ocupe de manera violenta su hogar como si fuera un tarajchi que aprovecha la ausencia del hornero para quitarle la vivienda construida, F.A. Hayek sentenció que el respeto de la propiedad privada es la justicia.

Los inquilinos dejan de pagar alquileres porque se sienten empoderados con estas promesas, asumen que el Estado y el propietario les deben una vivienda digna y exigen la concreción de esas ilusiones. Así, retan a los propietarios a iniciarles proceso de desalojo sabiendo que este se activa, siempre y cuando el propietario pague los impuestos. Este sistema es así, porque se trata de toda una agencia llamada Estado que tiene jueces que cobran sus sueldos siempre que los propietarios paguen sus tributos. Si no es así, ¿cómo pueden pedir protección? ¿Pero si pagan impuestos a la propiedad? No es suficiente, tiene que tributarse por mes de alquiler tal como si se fuera socio del propietario, mejor dicho, el propietario también es, al final, inquilino del Estado, soberano del suelo, subsuelo y espacio aéreo, y, como soberano debe exigir el tributo de sus vasallos.

El proceso de desalojo puede tardar mínimamente un quinquenio en sistemas judiciales donde la retardación es la regla. Entonces: ¿se puede tomar la justicia por mano propia? No es aconsejable, porque inmediatamente el propietario puede ser objeto de proceso penal por despojo, que paradójicamente protege la posesión o la simple tenencia por sobre la propiedad, es decir, el propietario puede ir a la cárcel por sacar a la cigarra de su propiedad.

Así, la sociedad enferma se acostumbra a ocupar, asentarse y avasallar la propiedad ajena, surgen los movimientos sociales como “los sin tierra”, comienza la mafia y tráfico de lotes, donde los dirigentes actúan como agentes inmobiliarios que reciben comisiones por ventas y los burócratas que legalizan los asentamientos, reciben parte del botín en dinero o tierra. Así funciona este sistema instaurado por el socialismo.

El autor es vicepresidente del Instituto Libertad, Democracia y Empresa.