El llanto de un árbol

El fuego lo puede todo. La irresponsabilidad y negligencia también. ¿Qué decir de la obligación del Estado respecto a la preservación del medio ambiente, la salud y la vida de  las personas? Y cuando anoto Estado, me refiero a todos sus niveles y a la inherente responsabilidad compartida que nada la limita, y menos, claro está, el discurso o verborrea que siempre aparece a la hora del balance al que todo funcionario público está sometido. 

Ahora bien, coincidamos que ante la naturaleza, su esplendidez y a la vez embate, muchas veces poco puede hacerse, más allá de medidas preventivas que deberían ser incorporadas en el marco de lo que representa un país institucionalizado. También coincidamos que toda administración seria –naturaleza a un lado– debe asumir la responsabilidad de hacer frente a episodios ocasionados por la mano del hombre mediante actos vandálicos cuyo propósito no es otro que el daño colectivo. Si así debe ser, mayor la obligación de quienes la tienen, para encarar políticas preventivas que hagan frente a estos episodios. No sólo en el plano estrictamente legal a través de una plataforma de normas que tipifiquen este tipo de conductas y las sancionen; también, en el campo logístico y de dotación de infraestructura que pueda ser utilizada cuando se desata un evento gravoso.

Cuando dichas políticas o no existen o son manifiestamente insuficientes, precarias, obsoletas y, peor aun, responden en su implementación a la impericia de los funcionarios y del Gobierno en función, la situación conlleva ribetes de escándalo. Y eso fue lo que precisamente aconteció con el macabro daño proferido en Apote en el departamento de Cochabamba. El mismo permitió constatar una realidad pasmosa que ha revelado que ante un hecho catastrófico, dependemos de la solidaridad y coraje de la ciudadanía, de grupos valerosos como el SAR o de un cuerpo de bomberos  meritorio y menguado, que se enfrentan a la fatalidad y a  la ausencia de medios  fruto de la ausencia de políticas que permitan  entender cuáles son las prioridades y cómo y dónde deben ser invertidos los recursos públicos.

Como país hemos sido capaces los últimos años de afrontar una serie de proyectos --algunos evidentemente de gran utilidad-- sin la planificación debida. Hemos rifado la plata jugando al rol de nuevos ricos cuando no lo éramos y cuando las prioridades eran otras. Al hacerlo, hemos descuidado temas tan trascendentales al punto que un incendio de magnitud,  ha desnudado la falta de sentido común para entender qué es importante y que no. Si el Gobierno se da el lujo de asignar e incrementar fondos públicos en favor del Ministerio de Comunicación por ejemplo, con evidente propósito propagandístico y político, y en claro despilfarro de dinero, no entiendo cómo no puede  institucionalizarse la protección de áreas verdes y el medio ambiente a efecto que lo de Apote no se repita nunca más. Bajo ese razonamiento, no es posible que para el uso de un esmirriado helicóptero que opera el Bambi Bucket, tenga que requerirse orden política de primera línea y que la misma tome por lo menos dos días. Por favor, esto es serio e inaceptable por donde se lo vea. Termino aquí: ver llorar un árbol, perder cultivos y animales, son cuadros dantescos  tan espantosos como perder una vida humana. Si creemos que todo se reduce a la conservación del poder a cualquier costo y precio, y no asumimos la responsabilidad de construir un país sano, continuaremos hipotecando el futuro como lamentablemente está aconteciendo.      

El autor es abogado.

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