LaMia y el riesgo de otra tragedia por venir

La tragedia de LaMia no ha terminado aún y temo que el segundo capítulo nos sorprenderá, como ocurrió con el primero, en la oscuridad y sin tener la menor idea ni de los antecedentes ni de los entretelones que la ocasionaron.

Acordémonos nomás que aquel horrible 28 de noviembre de 2016, cuando nos enteramos de que la mayor parte de un equipo de fútbol brasileño finalista de la Copa Sudamericana acababa de morir en un accidente aéreo. El 99,9% de los bolivianos no sabíamos que la línea aérea era boliviana, porque sencillamente nunca habíamos ni siquiera oído hablar de ella.

Después de un año y medio, si bien sabemos cuáles fueron las causas directas del accidente, todavía no sabemos cuáles pueden ser las causas indirectas, quién deberá asumir la responsabilidad final y qué consecuencias económicas tendrá esto para el Estado boliviano y por consiguiente para nuestros propios bolsillos.

Pese al sospechoso silencio gubernamental alrededor del tema, sí sabemos por publicaciones de prensa que el club Chapecoense demandó el año pasado a la compañía de seguros que LaMia había contratado y a algunas reparticiones del Estado boliviano, por el pago de indemnizaciones.

Sabemos también que pese a que la aseguradora ha demostrado que la póliza no estaba en vigor por hallarse impaga y que, además, no cubría la ruta del accidente, por presión del Gobierno ha aceptado indemnizar a algunas familias de la tripulación a través de un fondo de asistencia humanitaria. El resto de los familiares no acordaron nada con la aseguradora, y esperan que las investigaciones terminen para demandar a los eventuales responsables.

Hace poquitos días, Aeronáutica Civil de Colombia presentó el informe final del accidente, en el que además de ratificar la cadena de negligencias de la tripulación y las enormes deficiencias organizacionales y operativas de la línea aérea, apunta responsabilidades de las autoridades aeronáuticas bolivianas.

Como de costumbre, nuestro Gobierno no ha dicho nada acerca de la investigación local, creyendo tal vez que así el problema desaparecerá. Pero la realidad indica que el informe de Colombia puede servir como base para que el Chapecoense sustente el juicio esencialmente en contra del Estado boliviano.

No hay que ser brujo ni experto en el tema para prever que si existen responsabilidades del Estado en la otorgación de la licencia y en el control de una aerolínea que al parecer no cumplía mínimamente con las condiciones para operar, vendrá un juicio contra el Estado boliviano como último responsable.

Y si el pleito toma ese rumbo, debemos estar preparados para enfrentar una demanda estratosférica de varios cientos de millones de dólares; digo esto en previsión de las proyecciones y del cálculo de las expectativas de ingresos de las víctimas, que suelen realizar los bufetes especializados en este tema, para establecer los montos de las indemnizaciones.

En el Chapecoense había muchachos de 20años que ya ganaban 20 o 30 mil dólares al mes, pero que además tenían ya acordados sus pases al fútbol europeo. El cálculo de indemnizaciones se hace considerando lo que esa persona hubiera ganado en el futuro en esas condiciones, así que usted ya se estará imaginando la cantidad de ceros que podría tener nuestro problema.

Digo que es nuestro problema porque el Gobierno parece estar pensando que se trata de otro problema de esos que está acostumbrado a arreglar, como sea, en casa y no se imagina (o no quiere reconocerlo) que éste podría ser un bullado juicio internacional en el que llevamos de entrada las de perder y del que no podremos librarnos haciéndonos los desentendidos y ocultando la cabeza.

El autor es comunicador social.