¿Vientos de renovación en la empresa privada?

Ha comenzado un proceso de elección interna para el directorio de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB). Se anuncian dos candidaturas: la una, encabezada por Marco Antonio Salinas, titular de la Cámara Nacional de Comercio, y la otra, por Luis Barbery Paz, titular de la Federación de Empresarios de Santa Cruz. No es la primera vez que se enfrentan dos fórmulas, pero esta contienda tiene ribetes de especial interés. Es una disputa por el liderazgo del sector privado entre representantes de occidente, por un lado, y de la región oriental, por otro; cada uno con sus peculiares rasgos, intereses y sensibilidades. Ojalá se abra un debate público para conocer los programas de los candidatos y su posicionamiento, en una coyuntura crucial para el país y, por cierto, para el empresariado nacional.

Los años del gobierno de Evo Morales no han sido fáciles para la empresa privada, que ha enfrentado un entorno adverso para la libertad económica y la iniciativa privada, soportando presiones políticas, abusos tributarios, controles burocráticos, aumentos salariales discrecionales, costos laborales excesivos, restricciones comerciales, competencia desleal de las empresas públicas, incumplimientos de contratos y, en general, un clima de inseguridad jurídica e incertidumbre de reglas de juego que han retraído la actividad privada y han desalentado la inversión nacional y extranjera con graves perjuicios para toda la sociedad.

La desmoralización en los sectores de empresarios es evidente, abrumados por un sinfín de dificultades en medio de las cuales deben sacar adelante sus empresas y sin desfallecer en el intento. Hace rato que empresas nacionales y extranjeras han renunciado a crecer y a expandir sus actividades, para solamente permanecer en el mercado y sobrevivir de cualquier manera. También es cierto que hay empresarios que han dado pruebas de coraje y creatividad, navegando en aguas turbulentas, innovando y prosperando legítimamente en sus negocios. Y otros –los menos– que saben moverse en los intersticios del poder y beneficiarse de contratos dadivosos y ===non sanctos==== con el Estado (el capitalismo de amiguetes, el credo práctico del partido gobernante).

La pérdida de influencia de la CEPB y la erosión de su capacidad de representación de los intereses empresariales tienen que ver con ese contexto. Pero no todas son culpas ajenas. También hay culpas propias. La organización empresarial resiente la falta de un liderazgo sólido, visionario y comprometido con los principios de la libre empresa. La lógica del “sálvese quien pueda”, el corporativismo egoísta y corto de miras, el oportunismo de los que pescan en río revuelto, y quizá la misma fragilidad de la estructura empresarial, han sido funcionales a los designios del régimen y su estrategia de intimidación y de cooptación prebendaría.

Pero hoy en día los empresarios saben que ya no es posible más de lo mismo. El fin de un ciclo económico, el colapso de un estilo de crecimiento basado en precios altos de las materias primas, los rendimientos decrecientes de la inversión pública, la factura fiscal del gasto gubernamental exorbitante y el uso dispendioso de recursos, el estrangulamiento de ingresos externos, la disminución de reservas de gas y de minerales, el desplome de la capacidad productiva, el crecimiento descomunal de la informalidad y la pérdida de competitividad nacional, son cuestiones potencialmente graves y que socavan la estabilidad económica. Saben también que la economía boliviana no puede sustraerse a la necesidad de ajustes y correctivos de envergadura y que la acumulación de desequilibrios macroeconómicos, combinada con la ausencia de remedios oportunos, es una receta segura a la crisis.

La reforma económica y el paso a un modelo productivo, sustentado en competitividad genuina, por ganancias de productividad y la cualificación del capital humano, y con un papel protagónico de la iniciativa privada y el talento innovador de los bolivianos, no es una opción, es una necesidad. Los empresarios saben –o deberían saberlo– que una reforma que les devuelva centralidad en la vida económica y en la construcción del desarrollo, requiere de condiciones políticas propicias –hoy inexistentes– y cuya necesidad y oportunidad son cada vez más irrevocables. La transición política en dirección a la reconstrucción del Estado de derecho y las instituciones democráticas, la reforma de la justicia, el combate a la corrupción, la transparencia de la gestión pública, la regeneración de la actividad política, incumben directamente a las empresas; es la reforma política e institucional que convoca a todos los sectores de la ciudadanía, incluido el sector privado.

La coyuntura nacional, cómo no, conlleva riesgos e incertidumbres, pero también oportunidades; y para el empresariado tendría que ser singularmente desafiante. Revitalizar y traer la renovación al seno de la CEPB, es primordial. Un gremio fuerte, cohesionado y con un compromiso inequívoco con la democracia, el desarrollo socioeconómico y un medio ambiente sustentable, es también una cuestión de interés general. El dilema del empresariado es definir qué papel quiere jugar en la reconstitución de un orden democrático y pluralista y si tiene la determinación de ser una fuerza gravitante y constructiva, a la altura de los retos de esta nueva etapa de la vida nacional.

El autor es sociólogo