Modelo de gestión judicial
Julio C. Arroyo Durán
El modelo de gestión judicial, desde las acciones del Consejo de la Magistratura, debe servir de guía metodológica para instrumentalizar las reformas judiciales y la búsqueda de la mejora continua en las entidades del Órgano Judicial de Bolivia.
Los cambios sociales, económicos, culturales, tecnológicos y ambientales de la última década ponen en evidencia la urgente necesidad de modernizar varios aspectos de la concepción clásica de los sistemas judiciales, y provocan debate entre juristas y la población.
En un proceso de reforma a la justicia, el enfoque sistémico es esencial. Su modernización no puede omitir el análisis de la organización judicial con la que cuenta el Estado (salas, tribunales, juzgados, competencias, carrera judicial, etc.), los RRHH (jueces, funcionarios) y los materiales existentes (oficinas, equipamiento, tecnología, etc.) para instrumentar cualquier cambio. A partir de estos elementos, se plantea la nueva organización y gestión de despachos judiciales, desarrollando el denominado “modelo de gestión judicial” asumiendo los cambios organizacionales y procesales, así como los recursos que demanden. Pensar en la articulación de cambios estructurales a la nueva mecánica operativa es contar con modelos acordes a los principios que inspiran estas reformas en todos sus niveles (gestión judicial, de despachos, administración, financiamiento del sistema, etc.), además de un servicio eficaz orientado a las personas, personal calificado motivado y eficiente.
Dadas las actuales condiciones que atraviesa la justicia, por factores como la importancia de la alineación estratégica, la estabilidad funcionaria, la capacitación del funcionario judicial, la transparencia en el manejo público, el cumplimiento de los plazos procesales, el perfil del administrador de justicia, el personal administrativo, etc., hacen imprescindible revisar y analizar las actuales estructuras de manera sistemática e integral y enmarcado en la CPE, Ley 025, Ley 1178, Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, Ley 341 y otras disposiciones legales de la gestión judicial y administrativa.
Con este propósito y el de contribuir a la mejora de la justicia, se debe tener una alternativav consistente en un plan estratégico aplicando el BSC (Balanced ScoreCard), que comprende cuatro perspectivas (aprendizaje y crecimiento, procesos internos, presupuesto y población), tres objetivos estratégicos (servicio judicial eficiente, personal calificado y motivado y eficiente gestión de recursos) alcanzables en tiempos razonables y medibles en función de la misión, objetivos, recursos y acciones, además de contar con indicadores de desempeño y como eje transversal la participación y el control social.
Auditor y abogado MSC en educación superior.
CI 2709272 LPZ
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