¿Por qué necesitamos una ley de Competencia?

Las normas de defensa de la competencia están destinadas a controlar los comportamientos de los agentes económicos y las estructuras de mercado que atenten contra la libre competencia. Esas normas buscan el equilibrio en el mercado y regulan la actuación de dichos agentes.

Bolivia es uno de los pocos países en América Latina que no cuenta con una Ley de Competencia que regule las prácticas de los agentes económicos y sancione las conductas que resulten restrictivas a la libre competencia. Si bien es cierto que existen algunas normas de defensa de la competencia, su inconveniente es que las mismas se hallan dispersas, y resultan insuficientes.

Entre estas normas se encuentra el artículo 316 de la Constitución Política del Estado, que establece la prohibición de monopolios y oligopolios privados, así como cualquier otra forma de asociación o acuerdo que pretenda el control y la exclusividad en la producción y comercialización de bienes y servicios.

Tratándose de las actividades de los sectores regulados de los servicios públicos y financieros, existen ciertas normas de defensa de la competencia. Es así que la Ley SIRESE, de octubre de 1994, establece ciertas disposiciones antimonopólicas para los sectores de servicios públicos.

Para el caso de los sectores no regulados (principalmente industria y comercio) existe el Decreto Supremo 29519, de abril de 2008, que introduce la definición de conductas anticompetitivas absolutas y relativas, atribuye su calificación como tales a la Autoridad de Fiscalización de Empresas y establece el procedimiento para efectuar esa calificación y determinar si merece sanción.

A nuestro juicio estos dos regímenes que norman la competencia entre actores económicos –uno para los sectores regulados, y otro para los sectores no regulados– además de ser ineficientes, son también insuficiente para regular el comportamiento anticompetitivo de los agentes económicos y el mercado.

Frente a este escenario, la pregunta que nos hacemos es si una Ley de Competencia en Bolivia podría tener efectos positivos. En tal sentido, entendemos que existirían beneficios para todos los actores involucrados ya que establecerían reglas claras para la regulación de las conductas restrictivas a la libre competencia.

Por una parte, para los consumidores implicaría mayor acceso a productos y servicios al eliminarse las eventuales prácticas restrictivas o abusivas, permitiendo el ingreso de nuevos productos o servicios a precios competitivos.

Por otra parte, en el caso de las empresas competidores se verían beneficiados, entre otros aspectos, con la eliminación de barreras artificiales de entrada que conllevan a que la estructura empresarial se concentre en pocos proveedores de productos o servicios. El beneficio sería inclusive para la inversión de empresas nacionales y extranjeras que no están dispuestas a entrar a un mercado en el cual existen distorsiones, y una reducida legislación destinada a evitar o proteger estas restricciones.

En definitiva, si bien es cierto que actualmente existen temas apremiantes en Bolivia, sin embargo, esto no significa que se excluya de la agenda la necesidad de una Ley de Competencia. Por el contrario, los costos de no contar con una ley específica sobre la competencia son elevados, en la medida que existen menos oportunidades para los consumidores, así como restricciones de acceso de nuevas empresas e inversiones en el mercado.

El autor es abogado especialista en derecho de la competencia