Bonocracia

Uno de los pilares centrales de la política social de los últimos años en Bolivia ha sido la entrega directa de bonos a la población. Con la cuarentena y la consecuente crisis económica, el Gobierno actual ha dado cuatro nuevos bonos coyunturales y propuesto un pacto en torno de estas transferencias. Para evaluar la política de bonos vale la pena primero hacer una retrospectiva histórica y segundo, ver cuán efectivas son estas políticas públicas. Esos beneficios pueden ser clasificados de la siguiente manera:

Tipo 1.0. El Bono patriótico del periodo de la dictadura banzerista o el Segundo aguinaldo del gobierno de Morales. Se trata de una entrega de dinero a los trabajadores del sector público y privado con la justificación de distribuir la bonanza económica alcanzada en ambos periodos. En 2020, con Áñez, se lanzaron los bonos: Canasta Familiar, Bono Familia, Bono Universal y Bono Salud, cuyo financiamiento, en este último caso, depende de la aprobación de la Asamblea Legislativa. Se trata de transferencias directas que se entregan en tiempos de crisis económica.

Tipo 2.0. Bonosol, denominado Bolivida por el segundo Gobierno de Banzer y, finalmente, consolidado como Renta Dignidad por la administración Morales. Estas son transferencias universales que buscan compensar desigualdades del sistema de pensiones y están dirigidos a la gente de la tercera edad.

Tipo 3.0. Bonos de tercera generación técnicamente conocidos como transferencias condicionadas de ingresos (conditional cash transfer programs), cuyo pionero, en Bolivia, fue el Bono Esperanza, implementado por el alcalde José Luis Paredes en el primer quinquenio del milenio. A partir de 2006 se lanzaron el Bono Juancito Pinto y el Juana Azurduy de Padilla. En estos casos, el Estado entrega recursos a la población (niños y mujeres) a cambio de asistencia escolar y a controles de salud, respectivamente. La distribución de este tipo de beneficios se inició en México (Oportunidades) y Brasil (Bolsa Escola) en 1996 y después fue ampliamente difundida, y apoyada por el Banco Mundial en muchos países.

En este contexto histórico, la Presidenta, convocó a los actuales candidatos a la presidencia de todos los partidos para que lograr un acuerdo nacional por los bonos. Es curioso proponer un pacto en torno a instrumentos de políticas públicas, como los bonos, cuando generalmente, los acuerdos políticos se hacen en torno a objetivos del desarrollo.

Los impactos macroeconómicos de los bonos tipo 1.0 son innegables, especialmente, en momentos de crisis económica. Ayudan a reactivar la demanda agregada desde la base de la pirámide social, pero el lado complicado es su financiamiento tanto público como privado.

Bonos del tipo 2.0 y 3.0 ayudan tanto a disminuir la pobreza como a reducir las desigualdades. Hay amplia evidencia al respecto. Nuevamente, los cuestionamientos están relacionados con los problemas de financiamiento de éstos. Para sus críticos, ellos profundizan una cultura rentista en la sociedad.

Los bonos del tipo 2.0 y 3.0 se han convertido en componentes de una política de Estado en Bolivia y en el mundo, y ciertamente serán mantenidos a futuro por cualquier gobierno que llegue al poder en el país. Sin embargo, los bonos del tipo 1.0 pueden ser usados con fines político/electorales y sólo se justifican en periodos de crisis. En este contexto, un tema central es su duración. El beneficio debería ser de corto plazo, pero muchas veces estas transferencias pueden convertirse en derechos adquiridos de difícil reversión.

Pasada la crisis económica, tal vez el reto más importante, a futuro, es preguntarse si es factible realizar mejoras cualitativas y cuantitativas de la renta universal y de las transferencias condicionadas (Bonos 2.0 y 3.0). De manera más genérica: ¿Es posible una generación 4.0 de estos bonos?

Los desafíos están en primer lugar en su sostenibilidad financiera. Muchos de ellos fueron impulsados en momentos de bonanza, cuando había arcas públicas llenas. Garantizar financiamiento seguro y de largo plazo es fundamental.

Un otro reto importante es explorar la posibilidad de que los bonos 4.0 tengan condicionalidades e impactos no sólo de cobertura, sino en temas de creatividad, innovación, emprendimiento y empleo. Veamos dos opciones.

Mantención y creación de empleos de calidad. En momentos de crisis, el Estado puede pagar un bono a un trabajador que pierde el empleo, pero también a la empresa, que recibe una transferencia pública para mantener el puesto de trabajo coyunturalmente. En España este sistema se llama expediente de regulación temporal de empleo (ERTE).

Bonos que mejoran el capital humano y la competitividad. Se podría establecer uno para jóvenes de los últimos cuatro años de secundaria. Digamos 500 por año. Cuando salga bachiller, este tendría derecho a 2.000 Bs. Estos recursos los podrá usar exclusivamente para seguir una carrera universitaria o técnica. Si el estudiante opta por estudiar ciencias de datos, por ejemplo, el Estado activa fondos de contrapartida para apoyar sus estudios (matching funds). Si el estudiante no prosigue sus estudios el dinero se revierta al Estado.

Los bonos nos acompañarán por un buen tiempo, la bonocracia continuará, pero a largo plazo la lucha contra la pobreza y la desigualdad y el impulso a la innovación deben basarse en el desarrollo de las capacidades de las personas para que ellas puedan convertir sus derechos en libertades reales, de ser o hacer algo por su propia voluntad (Amartya Sen) y esto se logra haciendo del empleo de calidad la mejor política social, y proveyendo servicios básicos de calidad, como un derecho humano y no un favor del Estado.

El autor es economista