Transparentar la deuda pública
La rendición de cuentas es fundamental para garantizar la transparencia de los gobiernos. Bolivia, por efecto de la pandemia, ha tenido que recurrir a recursos financieros para enfrentar desde diferentes formas el problema sanitario. Los ciudadanos tienen el derecho de exigir a sus gobiernos que rindan cuentas de la deuda que contraen y los prestatarios deben plantear adecuadas estrategias para diseñar el pago de su deuda.
Se habla de más de 500 millones de dólares en nuevos préstamos que provienen de la cooperación internacional. Los fines son muy loables, pero despiertan muchas dudas entre la población porque desde principios de la pandemia se notó que en el país hubo mucha improvisación y se denunciaron casos muy graves de corrupción alrededor de la importación de respiradores, medicamentos, mascarillas y otros equipamientos necesarios para combatir la epidemia.
Han pasado casi cinco meses de emergencia sanitaria y vemos que hay muchas muertes de pacientes y médicos, personal de salud y personal militar y de la Policía que han estado muy de cerca en la dinámica de enfrentar un virus mortal y que nos está mostrando muchas debilidades en nuestro sistema de salud.
Pero también es urgente la transparencia del endeudamiento público. Uno de los pilares de la transparencia de la deuda es la divulgación de datos exactos, exhaustivos y oportunos. Para obtener un panorama completo de los logros de los países con respecto a estas medidas, el Banco Mundial elaboró un mapa de calor en que se muestra las prácticas de difusión de datos sobre la deuda pública en los países que reciben asistencia de la Asociación Internacional de Fomento (AIF).
Según los expertos, se analizaron cientos de sitios web públicos de autoridades nacionales para evaluar el desempeño de los países junto con indicadores clave, tales como la accesibilidad, la cobertura, la frecuencia de las estadísticas sobre deuda y la disponibilidad de una estrategia de la deuda y un plan anual de endeudamiento. El mapa de calor se actualiza dos veces al año, con el objetivo de promover los esfuerzos de los países para mejorar sus estrategias de difusión.
Bolivia tuvo, en 2019, un déficit fiscal del 7,2% respecto al PIB (2.932 millones de dólares) según Cedla. Este es un indicador que demuestra la fragilidad de la economía, ya que gran parte del gasto público –desde 2014– se financia con deuda externa. Por otro lado, para ese mismo año Bolivia acumuló una deuda externa de más de 11.000 millones de dólares, la más grande de su historia.
El otro problema es que gran parte del gasto fiscal del Estado boliviano, en sus distintos niveles, se financia con renta petrolera, la cual caerá considerablemente en los siguientes meses debido al desplome de los precios internacionales de las materias primas, entre ellos los hidrocarburos.
Por tanto, los resultados de esa evaluación de abril de 2020 indican que casi la mitad de los países que fueron estudiados muestran una estrategia de gestión de la deuda de mediano plazo, aunque menos del 10% se traduce en sus planes anuales de endeudamiento. Sin embargo, las diferencias se mantienen: las normas sobre divulgación de la deuda son aún muy deficientes en el 36% de los países de la AIF, ya sea porque los datos no existen o se consideran insuficientes o demasiado antiguos (anteriores a 2018) para cumplir los requisitos.
Bajo las circunstancias actuales es urgente que Bolivia cuente con un programa de transparencia de la deuda para generar más confianza dentro y fuera del país.
El autor es docente de la UMSS e investigador del Ceres
