La comunión de Joseph Biden

No ha tenido mucha repercusión mediática en Bolivia la reciente controversia, a tres bandas, entre los obispos católicos de EEUU, el Vaticano y los líderes católicos, encabezados por Joseph Biden, en torno a la posibilidad de negar el sacramento de la Comunión a los políticos que no se oponen a leyes contrarias a la doctrina de la Iglesia, especialmente en cuestiones morales (aborto, uniones entre personas del mismo sexo, eutanasia). Ese silencio se explica, quien sabe, por la virulencia de la tercera ola de la Covid y las prioridades de la agenda nacional, que son: las fábulas de los golpes de Estado, los genes del fraude, la posverdad de las renuncias parlamentarias, la consabida manipulación política de la justicia y el terrorífico (para moros y cristianos) Arturo Murillo.

Es necesario aclarar, en vista de la confusión que le costó el cargo a un respetado periodista, que no se habla de “excomulgar” (medida extrema que implica expulsar de la comunidad de los bautizados), sino de rehusar administrar la comunión a políticos católicos tolerantes con la violación de normas de la doctrina de su Iglesia. Existen antecedentes: un obispo de Carolina del Sur negó la comunión al entonces congresista Joe Biden por su actitud liberal con la legislación del aborto, sin contar con que el presidente Biden tiene a miembros de la comunidad LGTBI entre sus colaboradores cercanos.

El origen de la controversia es un documento didáctico, de orientación pastoral, que el episcopado estadounidense está elaborando acerca de la revalorización de la eucaristía en la vida de los fieles. Un acápite del documento trata del llamado a las autoridades políticas católicas a testimoniar abiertamente su fe en cuestiones polémicas como las mencionadas. Cabalmente, sobre los temas de marras el católico practicante Biden ha reiterado en más de una ocasión su fidelidad a la doctrina de la Iglesia, lo que no excluye su “no objeción” a normas aprobadas por los poderes del Estado.

Personalmente, y como católico, comparto la actitud de Biden. La Iglesia, lejos de callarse, debe anunciar la verdad y convencer al mundo sobre las opciones morales que defiende; puede exigir a sus seguidores que las cumplan, pero no puede imponerlas a los que no comparten su fe, máxime cuando la sociedad mayoritariamente no las apoya. El hecho que los líderes civiles comprometidos con su fe estén obligados, sin renunciar a sus principios morales, a respetar las decisiones de los poderes democráticos es consecuencia de la independencia constitucional entre Iglesia y Estado: ni una puede imponer, ni el otro uniformar.

En el fondo, la controversia se origina en la división del episcopado estadounidense, reflejo de la polarización política de esa nación y del impacto de los abusos sexuales sobre la participación de la feligresía. El ala más conservadora del episcopado, que es mayoritaria, ha sido incluso más crítica con el papa Francisco, por sus tímidas aperturas pastorales, que con los excesos autoritarios de Donald Trump.

Por su lado, el Vaticano ha intervenido explícitamente, pidiendo, por boca del nuncio apostólico en EEUU, que haya unidad y no apuro en las decisiones; que se recurra al diálogo antes que a la imposición; y, sobre todo, que no se utilicen los sacramentos como arma de la lucha política. El mismo Francisco ha lanzado un mensaje indirecto, afirmando que la Comunión “no es la recompensa de los santos, sino el pan de los pecadores”.

En este contexto, los obispos han postergado hasta noviembre el análisis y aprobación del documento; un tiempo suficiente para acercar las posiciones mediante el diálogo y evitar ilógicas e injustas sanciones clericales a la conciencia de los bautizados.

El autor es físico y analista