¿Qué está pasando con la tierra?

Estamos haciendo algo muy mal en el tema de la tierra. Resulta difícil explicar cómo es que en Bolivia puedan existir problema por la tierra, considerando la gran extensión de nuestro territorio nacional y los pocos habitantes que somos en relación a ese territorio.

Para realizar un análisis comparativo, consideremos el caso de El Salvador donde hubo un conflicto armado durante 12 años por la tierra, comprensible si recordamos que tiene 6.325.827 habitantes viviendo en 21.041 km², con una densidad de 300.64 personas por km².

Recordemos también que Bolivia tiene una población de 11.842.000 habitantes, viviendo en 1.098.581 km², con una densidad de 10,6 hab./km², y un 75% de la población viviendo en áreas urbanas.

Hablemos en serio a propósito de la mercantilización, los avasallamientos de áreas productivas y/o protegidas, la sostenibilidad ambiental, la seguridad alimentaria y el desarrollo nacional en torno de la tierra.

En mayo, en espacios virtuales y redes, pregunté si en Bolivia creíamos que se produciría una guerra civil de características étnico-raciales, confrontación extrema entre oriente y occidente o la posibilidad de que aparecieran procesos separatistas. Absolutamente todas las opiniones tuvieron rotundamente un ¡No! como respuesta. Nadie piensa, ni desea, que haya confrontación ni llegar a esos extremos.

Liberado el pensamiento de esos aspectos negativos, exploremos ahora los avasallamientos y tomas de tierra que se están produciendo en la actualidad.

1) Uno de los temas que aprobó la Revolución Nacional de 1952 fue la reforma agraria. Bajo el liderazgo de Ñuflo Chávez Ortiz del MNR, el 2 de agosto de 1953 se firmó el decreto por el que el Estado tomó el control de la tierra, y se inició una forma distinta de dotar, reconocer, distribuir, acceder, poseer y transmitir el factor productivo, social, identitario, comercial y político de ella.

2) A fines del año 1992, como consecuencia de las denuncias de corrupción y una pretendida dotación en favor de altos funcionarios del Estado, el presidente Jaime Paz Zamora, del MIR, se vio obligado a clausurar e intervenir el Consejo Nacional de Reforma Agraria (CNRA) y el Instituto Nacional de Colonización (INC), y a convocar a la elaboración de una nueva ley de tierras. Como resultado de medidas ejecutadas bajo la conducción de Isabel Lavadenz se realizaron auditorías técnicas y jurídicas de todos los procesos de dotación y adjudicación concretados. El debate sobre la nueva ley tomó cuatro años y en 1996, en consenso logrado con los indígenas de las tierras bajas, y con difíciles discusiones con los otros sectores, bajo el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, se aprobó la Ley 1715, conocida como Ley INRA, que fijó un plazo de 10 años (1996-2006) para concluir el mandato de sanear todas las tierras del país, revisando los derechos otorgados por el Estado. Miguel Urioste en varios estudios abunda sobre estos aspectos.

3) Coincidiendo con el año 2006 y el gobierno de Evo Morales del Movimiento al Socialismo, se debatió nuevamente el tema basado en la denominada revolución agraria que sostenía la eliminación del latifundio y la distribución de la tierra, crédito barato, maquinización agrícola (tractorización) y acceso a mercados alternativos, concluyendo con un nuevo régimen incorporado en la Constitución, en 2009. En el referéndum aprobatorio de la Constitución, el 25 de enero de 2009, también se aprobó la máxima extensión de las propiedades agrícolas, que no podían exceder 5.000 hectáreas.

Con estos datos elementales y la ruta crítica referida, ¿cuál es el fondo del problema? ¿Por qué sigue habiendo avasallamientos? ¿Por qué la presión se cierne sobre el departamento de Santa Cruz?

Lo que está claro es que esta situación no debe seguir así. Por el bien de todos.

El autor es director de Innovación del Cepad