Menú de opciones de gobierno

Columna
PLIEGO DE CARGOS
Publicado el 17/10/2021

Álvaro García Linera sigue empujando a los bolivianos incautos hacia el socialismo. Necesita perseguir y liquidar a los oligarcas y a los conspiradores empresariales. Dijo en una entrevista con los periodistas de izquierda de la revista Jacobin que es importante saber “cómo está el tema de ventas acá, cómo está el tema de ganancias, cómo están registrando los impuestos… Tienes una mirada sobre dónde puedes ajustar, y vas a ajustar a los empresarios por acá”. Sin duda, esa información en la actualidad está clasificada, pero de haberse aprobado el proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva o no convencionales, sería utilizada para perseguir políticamente o, mejor dicho, para “ajustar”.

En días pasados, el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) clasificó a 171 grandes contribuyentes para que a partir de diciembre de 2021 facturen y registren en línea las ventas y los ingresos del día, lo propio respecto de otros 2.492 contribuyentes que desde abril de 2022 cumplirán con el mismo deber. Provoca terror solo imaginar qué hubieran hecho los agentes de la represión gubernamental, a través de la Unidad de Investigaciones Financiera (UIF), con esa información.

Al final, los operadores estatales terminaron retirando el famoso proyecto de ley y dejaron con los crespos hechos a los estalinistas del siglo pasado. Fue el poder popular que mandó mensajes coherentes al Gobierno para que reflexione sobre la conveniencia de discutir y consensuar con la sociedad boliviana este tipo de leyes que ponen en peligro la vida, la propiedad y la libertad. El paro del lunes pasado avivó el entusiasmo ciudadano por participar en el debate legislativo y comprometió a varios sectores con influencia social para obligar al Estado a revisar su relación con los seres humanos de este pobre país.

Ya todos entienden que el proyecto de ley retirado respondía a la línea izquierdista radical, leninista o estalinista, muy al estilo de Cuba y Venezuela, y que pretendía concentrar en el gobernante toda la información patrimonial y civil de cada ciudadano. Lo que prevaleció fue la cordura popular ya que nadie en su sano juicio está dispuesto a emular semejante plan caribeño de extorsión estatal. Lo que ocurre es que estos escenarios son provocados por los asesores del Gobierno que quieren vengarse, a cualquier precio, o perseguir a sus detractores, utilizando los registros públicos para causarles daño y anularlos.

Uno de esos asesores del Gobierno es Álvaro García Linera. Él entiende que cualquier ciudadano que disienta con el ideario del partido oficialista, simplemente es un conspirador. Lo que resulta despótico es que se utilicen a las oficinas de los registros públicos estatales, como la UIF para “afectar” o “ajustar” directamente cualquier actitud conspirativa. García Linera dijo: “No puedes simplemente contemplar, o asumir la actitud de dejarlos seguir con su conspiración. Revisa sus impuestos, mira sus propiedades, sus cuentas bancarias, tienes un menú de opciones de gobierno con las cuales atemperar y contener ese tipo de acciones” (sic).

Precisamente ese “menú de opciones de gobierno” incluye al SIN, la UIF, la Aduana Nacional de Bolivia, el Registro de Comercio, el Registro de Derechos Reales, los registros patronales del Ministerio del Trabajo, las administradoras de fondos de pensiones, en fin cualquier “opción de gobierno” que sirva no sólo para frenar a la oligarquía (según el discurso masista), sino también para frenar a los conspiradores del pueblo llano (comerciantes minoristas, transportistas, profesionales libres, empresarios autónomos, cuentapropistas, etc.). En realidad, aquel proyecto de ley no estaba diseñado contra los oligarcas, ellos saben cuidarse y, además, en algunos casos, coadyuvan con el actual gobierno. Ese proyecto estaba dirigido contra el pueblo raso, de modo de infundir terror en el ciudadano de a pie, y afectarle en su valentía para que no pare o no proteste.

En la mente del estalinista García Linera lo único válido es el Estado y mejor si está nutrido de agentes que cumplan con las facultades totalitarias de monopolizar y centralizar lo que fuere: la bandera, los idiomas, sus instituciones, su historia, sus riquezas naturales, sus impuestos, su sistema de salud, sus derechos humanos, todo, todo. Esta apropiación forzada se descubrió en los proyectos de ley y en las leyes que con tanta premura ha hecho aprobar el Gobierno en estos meses y días pasados.

El Gobierno ya sabe cómo debe tratar a la ciudadanía honesta de este país. Que vaya con pies de plomo el presidente Arce, porque los socialistas y estalinistas sólo tienen cabida en Caracas o en La Habana, porque en Bolivia esos tipos están bien nutridos, gracias a las comodidades del neoliberalismo azul que les cobija. Que venga el próximo proyecto de ley. Estamos listos. ¿Qué se han creído?

 

El autor es abogado

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