La creciente crisis hídrica
La actual escasez de agua en buena parte del país exige acciones urgentes para mitigar sus consecuencias, éstas tendrían que servir también para definir programas de largo alcance, pues la inseguridad hídrica no desaparecerá con la llegada de la época de lluvias.
En efecto, exceptuando la región del llano húmedo: esencialmente Beni, Pando y el norte paceño, Bolivia enfrenta una falta de agua suficiente para el consumo humano, pecuario y agrícola que afecta a siete de los nueve departamentos.
De acuerdo con las informaciones difundidas por autoridades ministeriales de Economía y de Defensa Civil, de los 340 municipios bolivianos, 290 (el 85,3%) sufren los efectos de la crisis hídrica.
En algunos, como en Potosí, en el departamento del mismo nombre, ya alistan un plan de racionamiento que se pondrá en ejecución los próximos días y se extenderá tres meses, hasta diciembre. En las zonas altas del municipio tarijeño de El Puente, el suministro reducido de agua potable está vigente desde hace dos semanas.
En el altiplano, ocho de cada 10 municipios carecen de agua, denunciaba ayer el director para esa región del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (Cipca).
“Con seguridad, la papa va a subir (de precio) en el próximo ciclo agrícola. En el altiplano, el momento es de estiaje, entonces el problema principal es para el ganado. Las familias reducen sus rebaños porque no hay suficiente forraje debido a la falta de agua”, alertaba el ejecutivo de esa ONG.
El ganado vacuno también sufre esa carencia en comunidades tarijeñas de las zonas altas y del Chaco.
En lo inmediato, el Órgano Ejecutivo está destinando recursos adicionales para atender esta emergencia, y los municipios más afectados recurren a cisternas para dotar de agua a los pobladores de localidades cuyas fuentes de agua se han secado o están cerca de secarse.
Funcionarios estatales y también algunos expertos en el tema atribuyen esta crisis a fenómenos climáticos y al calentamiento global que derrite los glaciares que alimentan de agua dulce ciudades como La Paz.
Tienen razón, en parte, pues el crecimiento poblacional e industrial del país no ha sido acompañado por una política de Estado para una mejor gestión de los recursos hídricos, ni por la dotación de infraestructura suficiente que asegure la cobertura de un consumo cada vez mayor de agua.
No es una circunstancia exclusiva del país, la inseguridad hídrica afecta al 80% de la población mundial, según un reciente informe de la ONU. Y en Bolivia, la contaminación de los ríos es otro factor que agrava la crisis.
Todo esto exige acciones eficientes del Estado y cambios duraderos en los hábitos del consumo de agua, es urgente y necesario porque la crisis hídrica se acrecienta.
