¿Apostamos?

Columna
Publicado el 02/11/2023

Mientras el evismo y el arcismo se dan durísimo en una guerra interna sin cuartel, el primero bloqueando la aprobación del Presupuesto General 2023 reformulado y el segundo amenazando la jefatura de Evo Morales en el MAS, mañana, viernes 3 de noviembre nueve gobernadores, todos varones, y 340 alcaldes y alcaldesas cumplen la mitad de su mandato constitucional de cinco años iniciado el 3 de mayo de 2021.

En las nueve grandes capitales del país y en la inmensa ciudad de El Alto las gestiones municipales se caracterizan por ser insípidas y algunas son verdaderamente trágicas. En el caso de las gobernaciones, no hay una sola que destaque por acciones de relevancia o innovaciones en beneficio de sus poblaciones.

El 3 de noviembre cobrará trascendencia institucional y mediática porque, según la Constitución y leyes específicas, al cumplirse la primera mitad —dos años y medio— del mandato de los alcaldes, alcaldesas y gobernadores, se abre el tiempo para que los gobernados, a través del ejercicio de la democracia directa, puedan iniciar procesos de revocatoria de mandato.

Esto quiere decir que, si las máximas autoridades ejecutivas (MAE) de las gobernaciones y de las alcaldías han incumplido sus promesas electorales, hacen cosas que benefician solo a unos cuantos, se han metido dineros públicos a sus bolsillos o han provocado un retroceso inequívoco en el desarrollo regional o municipal, pueden ser apartadas de sus cargos mediante un proceso que es largo y complejo para los proponentes.

Para revocar a los gobernadores, se deberá reunir, en un plazo de 90 días, firmas y huellas dactilares de ciudadanos cuyo número representen el 25% de los inscritos en el padrón electoral departamental al momento de la iniciativa. Ese porcentaje debe incluir al menos el 20% del padrón de cada provincia, una locura. En el caso de los asambleístas departamentales por territorio, una especie de uninominales, se aplicará ese porcentaje en la circunscripción donde se haya producido la elección.

La situación se complica más si el objetivo es sacar de sus cargos a alcaldes y alcaldesas vía referéndum revocatorio, porque las firmas y huellas dactilares a ser recolectadas deberán representar el 30% de los inscritos en el padrón electoral del municipio donde se inicie el proceso, un enorme desafío si se toma en cuenta la inmensa cantidad de habitantes/electores que tienen ahora los centros urbanos.

Así como ocurrió con el pretendido referéndum judicial, impulsado por los juristas independientes —necesitaban 1,5 millones de firmas o el 15% del padrón nacional—, de no llegarse a los porcentajes exigidos para encaminar la revocatoria de gobernadores (25%) o alcaldes (30%), las iniciativas ciudadanas quedarán en el camino.

Pero hay otros elementos que terminan de complejizar el asunto. Si las firmas pasan las pruebas de consistencia en el Órgano Electoral, se deberá realizar la convocatoria a un nuevo evento electoral mediante una ley aprobada por el Legislativo para la realización de los referéndums para la revocatoria de mandato en una sola fecha.

Entonces, cumplidos los requisitos y aprobada la ley de convocatoria, el Tribunal Supremo Electoral tendrá que fijar un calendario único para la realización simultánea de los revocatorios que deberán ser administrados por los tribunales electorales departamentales, dejando aclarado que no se podrán realizar más revocatorios hasta la finalización del mandato de las actuales autoridades municipales y departamentales.

Ah, me faltaba anotar un detalle importante: así como ocurrió con los juristas independientes, los solicitantes que logren el visto bueno del Tribunal Supremo Electoral para la recolección de firmas deberán financiar con recursos propios o plata prestada el costo de la impresión de libros y la compra de materiales para el llenado de cada una de las partidas.

La complejidad del proceso y la apatía generalizada en la sociedad boliviana serán los dos grandes obstáculos para quienes deseen embarcarse en una aventura de difícil pronóstico institucional y en la que los proponentes terminarán exhaustos, como los juristas independientes que, además de las exigencias propias del proceso, enfrentaron extrañas y excesivas trabas en el ámbito del Órgano Electoral.

Visto así el panorama, se puede anticipar que será improbable que se presenten solicitudes formales para la revocatoria de mandato en las 10 grandes ciudades del país y en los nueve departamentos, pese a que, entre las actuales autoridades subnacionales, hay algunas que se han convertido en un atentado contra el desarrollo de las ciudades y las regiones por ineficiencia comprobada, corrupción indisimulable y demagogia infinita.

Las principales preocupaciones de la gente pasan, en este momento, por lo económico, buscando certidumbre sobre lo que se viene en el corto y mediano plazo para sus familias. Si bien las últimas encuestas de percepción ciudadana dan cuenta de un mayor interés por la coyuntura política, eso no quiere decir que haya 100% de predisposición por los temas políticos.

Por tanto, los nueves gobernadores y el conjunto de alcaldes y alcaldesas de país, salvo que se presente algo inesperado por ahí, cumplirán su mandato en mayo de 2026, como manda la Constitución, cocinándose, eso sí, en su propia salsa, aunque con la oportunidad de preparar un relevo que les garantice permanecer en la administración departamental o local.

 

El autor es periodista

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