Inspección vehicular

A una semana del fin del plazo para realizarla, poco más del 50% de los vehículos motorizados que existen en el departamento de Cochabamba han pasado la inspección técnica que realiza anualmente la Policía para otorgar a sus propietarios el documento que certifica el cumplimiento de ese trámite.

Un trámite del cual se duda que cumpla el propósito enunciado: verificar que los vehículos estén en condiciones correctas que permitan su conducción sin riesgos para los peatones, para quienes los conducen y sus pasajeros, y también para los conductores y pasajeros de otros motorizados.

Y es que “la verificación física y mecánica de los vehículos” motorizados es una especie de simulacro anual que se escenifica en nombre de la seguridad ciudadana, pero, como es fácil constatar, en los hechos no sirve más que para dar a la Policía Boliviana una fuente adicional de ingresos.

Eso se evidencia, por ejemplo, en que la instancia encargada del cumplimiento de ese requisito es la Dirección de Fiscalización y Recaudaciones de la Policía.

Otra evidencia es que la Inspección Técnica Vehicular no se la realiza como lo establece la Ley General del Transporte del 16 de agosto de 2011.

Esa norma específica establece que todos los motorizados deben pasar por una revisión, conocida como Inspección Técnica Vehicular, que debe realizarse en “establecimientos especializados y acreditados, que deberán estar equipados con líneas de inspección para vehículos livianos, pesados y motocicletas”.

Nada de eso ocurre. Es la Policía que efectúa esa inspección, mediante su Dirección Nacional de Fiscalización y Recaudaciones, cuya función “más importante viene a ser el fortalecimiento de las políticas institucionales encaminadas al logro del bienestar y seguridad económica de los servidores públicos policiales”, según lo anuncia en su página web.

Además, no todos los vehículos serán llevados a alguno de los puntos de inspección, ni todos los que tengan el certificado de ese requisito habrán pasado el examen, pues hay, como todos los años, maneras de obtener aquel documento —antes era una roseta— sin tener que desplazarse con el motorizado hasta uno de los puntos de verificación. Eso sí, debe efectuarse el depósito bancario respectivo, en una cuenta institucional de la Policía. Y pagar algo más al tramitador o “al contacto” que se encargue del procedimiento con las fotos que le envía el interesado por WhatsApp.

Eso no es una hipótesis de mala fe, sino la experiencia de los años pasados. Y nada permite pensar que la corrupción policial —lo mismo que la de aquellos civiles sobornadores— haya disminuido.

Así, no debe extrañarnos la cantidad de accidentes de tránsito cuya causa establecida por la Policía es “fallas mecánicas”.