Vacío de poder y legitimidad

¿Qué es vació de poder? Habitualmente la sociedad se organiza estableciendo primariamente una serie de reglas y acciones funcionales, tal potestad del pueblo en el sistema representativo es transferido a sus representantes para que ejerzan esa atribución a nombre de él mediante los llamados poderes (órganos) del Estado: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, principalmente, cuyas autoridades —presidente, parlamentarios, jueces— la ejercen.

Cuando uno de los mencionados órganos o todos a la vez dejan de cumplir sus funciones y obligaciones, no existe quien “represente” al pueblo, quien gobierne, fenómeno al que se denomina “vacío de poder”, pero debería considerarse que tal poder es conferido temporalmente por el pueblo a sus supuestos representantes, por lo que ante un vacío de poder, éste, el poder, retorna a su “original dueño”, al pueblo.

Y qué es la legitimidad. La legitimidad es la voluntad del pueblo que directamente toma decisiones sobre la vida en sociedad, siempre es de hecho no de derecho, como en el caso prefundacional de la república en el que se decide fácticamente, por la fuerza, la independencia del yugo español y posteriormente se aprueba una Constitución en 1826, naciendo así el derecho, la ley; es decir, primero es el hecho y después viene el derecho.

La legitimidad es el asentimiento que el pueblo otorga para que se adopte tal o cual Constitución o tal o cual conducta a seguir, sin tal aprobación ciudadana nada es válido, ni la Constitución ni la ley, por eso —retóricamente— al pueblo se lo llama soberano. Nada debiera estar por encima de su poder. La Constitución es apenas su criatura, por encima de ella está la voluntad del pueblo, no es la sociedad la que tiene que servir a la Constitución, es la Constitución la que tiene que servir a la sociedad, la legalidad está subordinada a la legitimidad.

Bajo tan elementales conceptos, es posible analizar lo que hoy sucede en Bolivia con el entuerto de la crisis judicial.

Indudablemente ha fenecido constitucionalmente el tiempo de funciones de los magistrados cupulares de justicia, no existe lugar a ninguna prórroga. Sin eufemismos, la sociedad no cuenta con administración de justicia, el órgano judicial está vacío, es decir, existe el referido “vacío de poder”, los responsables de esta disfunción no son solamente los magistrados, sino también los detentadores del poder Ejecutivo y los legisladores.

Consecuentemente estamos ante un auténtico vacío de poder estatal y por tanto el ejercicio de esta potestad debe retornar a sus manos originarias: al pueblo que es el que debe resolver directamente esta situación (“La soberanía reside en el pueblo boliviano… es inalienable e imprescriptible”, dice el Art. 7 de la Constitución), entendiendo además que el pueblo no es un grupo de personas, organizaciones o partidos políticos, así tengan buenas intenciones, sino que es la inmensa mayoría ciudadana, sociedad que debe funcionar directamente a través de antiguas instituciones como son el cabildo o el referéndum que tramposamente y con cortapisas hoy figuran en la Constitución.

Las organizaciones y personas que bien protestan contra los abusos del poder político deben prioritariamente dirigir sus acciones buscando el funcionamiento de mítines, cabildos, referéndums para que en ese ámbito se resuelva la crisis judicial, caso contrario la designación de magistrados retornará a manos del viciado Órgano Legislativo y no se habrá ganado nada.

Los cabildos ya funcionaron en octubre de 2019 en La Paz con la premisa de “ni Mesa, ni Evo Morales”, del mismo modo en noviembre de 2019 en Santa Cruz, Cochabamba, Potosí, Sucre y demás departamentos y ciudades como forma fidedigna de representación directa del pueblo.

En cada cabildo distrital procedería el pueblo a designar a los magistrados de modo directo, sin intermediarios y con pleno conocimiento de cada personaje a ser designado departamentalmente. Por encima de la Constitución está la ‘voluntad constituyente’.

Quien o quienes busquen una solución constitucional, que es absolutamente imposible de encontrar, lo único que propondrán es que se solucione este problema violando nuevamente la Constitución y después de violarla volverán a jurar su amor inquebrantable por ella, prevalecidos siempre de su cinismo arraigado.

El autor es jurista