Estado de excepción

El estado de excepción vuelve a estar en el centro del debate político boliviano. De manera inusitada, tenemos, en los hechos, una continuidad excepcional sin pausa. La Asamblea Legislativa Plurinacional acaba de prolongar la medida extrema por otros 90 días, con 100 de 158 votos. La nueva prórroga comienza el 20 de septiembre.

No es la primera vez que en Bolivia se prolonga, de manera continua, un régimen de excepción. En 1995, durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, el estado de sitio -denominado en ese tiempo- decretado el 18 de abril por 90 días fue prorrogado el 17 de julio por otros 90 días, sin interrupción.

Treinta y un años después, Bolivia vuelve a experimentar una situación semejante; un estado de excepción es prolongado por otros 90 días. Salvando las distancias, las condiciones son parecidas: descontento social y amenazas de convulsión.

Ahora bien, el estado de excepción tiene una larga genealogía. Sus antecedentes se remontan a la República romana, cuando, frente a situaciones extremas, se conferían poderes extraordinarios y temporales para preservar el orden republicano. Siglos después, el jurista alemán Carl Schmitt convirtió la excepción en un problema central de la teoría política. El sostenía que “cuando la normalidad jurídica resulta incapaz de enfrentar una situación extraordinaria, el poder debe tomar una decisión excepcional para reestablecer el orden”.

La paradoja es enorme. Una figura concebida precisamente para actuar fuera de la normalidad terminó incorporándose a la propia arquitectura constitucional. Hoy, alrededor del 90% de las constituciones del mundo contienen disposiciones explícitas para enfrentar estados de emergencia. La excepción, así, dejó de ser solamente una ruptura de la normalidad para convertirse también en una institución regulada por la propia Constitución.

Y eso es precisamente lo que ocurrió con el primer estado de excepción. El gobierno estaba en peligro. El acelerado desgaste provocado por la “gasolina basura” —el talón de Aquiles del Gobierno— y el enorme descontento social generado por la crisis, fueron aprovechados por Evo Morales y los corruptos dirigentes sindicales de los mal llamados “movimientos sociales”, aquellos que durante el régimen masista gozaron de prebendas y enormes privilegios. Aprovecharon el malestar para organizar una conspiración orientada a derribar al gobierno y forzar la renuncia de Rodrigo Paz. A mi juicio, aquello no fue simplemente una protesta social: fue un intento de golpe de Estado.

Sin exagerar, utilizando términos precisos y sin filtros, Evo Morales y esos dirigentes -donde destacaron los “ponchos rojos” de la Federación Tupac Katari-, organizaron un golpe de Estado que afortunadamente fracasa. La conjura fue directa. Querían la renuncia de Rodrigo y la convocatoria a nuevas elecciones.

Los 53 días del criminal bloqueo tenían ese objetivo. Los daños fueron de gran magnitud y afecto a quienes menos tenían capacidad de soportar: las clases populares fueron las que más perdieron.

Con este 20 de septiembre se cumplen los primeros 90 días del estado de excepción. Entonces, vienen las preguntas: ¿tiene sentido ampliarla? ¿Permanece la situación extraordinaria?

Para responder con alguna precisión debemos, en principio, identificar si las condiciones son las mismas.

En ese sentido, al menos, hay dos factores que se deben observar. En primer lugar, el descontento social. El descontento es la gasolina de la convulsión. Es como un campo minado: mientras mayor sea la acumulación de malestar, menor es la distancia que separa una protesta de una nueva explosión social.

Y la respuesta parece clara. El malestar no ha desaparecido. El descontento social se acumula día a día, no solo por la escasez de combustibles, sino por los ignominiosos casos de corrupción. Como sostuve en una anterior columna, después del caso Cerimedo-Beller, el gobierno no tiene un solo gramo de legitimidad.

Luego, hay un segundo factor que se debe tomar en cuenta y que siempre ha colocado a Bolivia en situaciones extremas. En estos últimos años con mayor intensidad. Evo Morales, enfermo de poder, nunca ha aceptado estar lejos de él. Libre o confinado en el chapare, conspirara permanentemente. Por su naturaleza, incluso, muchos sostienen que “conspirara en el mismo infierno”.

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El autor es profesor de la Carrera de Ciencia Política de la UMSS