Investigan a responsables de la construcción y equipamiento del Museo de Orinoca
El Gobierno puso bajo la lupa el Museo de Orinoca y abrió una investigación por la contratación directa de la obra y dudas sobre la viabilidad del proyecto, que demandó una inversión millonaria.
“En el caso concreto de este museo, existen dos vertientes que inicialmente se tienen que investigar. Uno, la justificación. (...) Y dos, ¿por qué se permitió la contratación directa de este proyecto? Por lo que a partir de estos dos elementos sí está en investigación este proyecto de inversión pública”, afirmó el viceministro de Transparencia, Yamil García, en el programa La Tarde en Directo de la red Erbol.
La obra implicó un costo de más de 47 millones de bolivianos en infraestructura y cerca de 2,5 millones en equipamiento. Según la autoridad, se debe analizar si la inversión, que bordea los 49 millones de bolivianos, generó beneficios reales o retorno económico para el Estado.
García explicó que la investigación se centra en dos ejes: la justificación del proyecto en la fase de preinversión y las razones por las que se optó por una contratación directa en lugar de una convocatoria pública.
En ese marco, indicó que deberán asumir responsabilidades tanto las autoridades que aprobaron el proyecto como los que definieron su costo, además de quienes autorizaron la modalidad de contratación.
El caso se enmarca en la abrogación de 161 decretos, mediante el Decreto Supremo 5600, que permitían contrataciones directas. El Gobierno prevé múltiples investigaciones para evaluar transparencia, legalidad y posible daño económico al Estado.
Como otro ejemplo de ese afán, la autoridad mencionó contrataciones de abogados internacionales gestionadas por la Procuraduría General del Estado, donde se realizaron 12 procesos, de los cuales 10 fueron adjudicados al mismo bufete, con pagos que superan los 54 millones de bolivianos (unos ocho millones de dólares al cambio oficial).
Asimismo, señaló que entidades como el Ministerio de la Presidencia, empresas públicas como BoA y Yacimientos de Litio Bolivianos también utilizaron estos mecanismos, que permitían invitaciones directas e incluso cláusulas de confidencialidad sobre montos y contratistas.
“Este decreto (el 5600) lo que hace es suscitar justamente que todos los ministerios y entidades comiencen a revisar hacia atrás qué contrataciones directas se han realizado de proyectos de inversión a través de los 161 decretos (abrogados este lunes) y se pueda hacer una evaluación”, afirmó García.
