La Defensoría del Pueblo, en su calidad de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, presentó su primer informe en el que evidenció la "debilidad extrema" en la que se encuentra la salud carcelaria, principalmente en los recintos más hacinados, motivo por el cual el 80% de los privados de libertad pierde la vida por enfermedades tratables.