La corrupción de camarillas

La palabra corrupción es parte del vocabulario diario de la política y del menú mediático y, la ciudadanía la asocia naturalmente con la autoridad pública. La corrupción es el uso ilegal de recursos públicos para obtener ventajas financieras particulares, si bien los tipos penales asociados a la corrupción son comunes (soborno, cohecho, malversación, peculado, apropiación indebida, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y otras formas de desvío de bienes comunes por funcionario público tipificados en los arts. 24 y 25 de la Ley No 004), es menos común que un sistema político se base en la corrupción institucionalizada, como es el caso boliviano.

En contra de lo que predican los dirigentes políticos de buscar el bien común, la corrupción de camarillas busca el suyo propio. La camarilla corrupta es una línea difusa entre partidos y líderes que montan dispositivos repartidores de prebendas, cargos y contratos arbitrarios; es una asociación con aparentes fines públicos, tiene naturaleza jerárquica, ocupa puestos públicos clave en la toma de decisiones, comete abuso posicional del cargo gubernamental y actúa mediante códigos secretos para realizar transacciones clandestinas y acrecentar su patrimonio de manera intransparente, sacando ventajas indebidas respecto de los demás, especialmente de los más débiles y desafortunados de la sociedad.

Los niveles de corrupción en la región han tocado fondo, se devoró en Latinoamérica a los Gobiernos de derechas y de izquierdas por igual; la corrupción de camarillas instalada en el Estado “progre” sobrevive defendiendo sus dudosos ideales sin considerar la moral de sus acciones y sin intención de cambiar las ingenuas leyes anticorrupción al servicio del poder. La corrupción es un poder autónomo que expresa el triunfo de la ilegalidad y moviliza el poder de políticos amigos con “talento” para capturar rentas del Estado.

Una reciente encuesta de Página Siete afirma que el principal problema del Gobierno es la corrupción. Hay un sesgo al pensar que los corruptos están encapsulados en el Gobierno nacional; la corrupción es sistémica, en tanto fenómeno estatal multinivel extiende sus tentáculos a la Policía, las Fuerzas Armadas, a los Órganos Judicial y Legislativo, a las gobernaciones, a las alcaldías, a la universidad pública y al empresariado. La referida encuesta no solamente se agota en la mala imagen del Gobierno también refleja que la corrupción opera en redes que involucran a gobernadores, alcaldes, docentes y una densa burocracia que ha capturado las instituciones públicas para intereses parciales e insolidarios.

La lucha contra la corrupción ha fracasado por la expansión de la conducta codiciosa sabedora de que el Estado Plurinacional es incapaz de hacer cumplir su propia “Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas”. Es imperativo reestructurar la lucha contra la corrupción, no basta con cubrir las lagunas existentes en la Ley de Lucha Contra la Corrupción, es necesario desarrollar un vigoroso y vigilante control social, crear incentivos selectivos para los denunciantes solventes, fortalecer la independencia, probidad y capacidades técnicas de los juzgados anticorrupción, reorganizar un dispositivo estatal de alto rango independiente del Gobierno, confiando la lucha contra la corrupción a ciudadanos probos sin partido.

La corrupción afectó la confianza ciudadana en el Estado y perfiló una sociedad con bajo desarrollo moral, alta desigualdad económica y bajos niveles de desarrollo. La brutalidad maquiavélica nos enseñó que la política real sólo puede existir mediante el soborno, el asesinato, los mercenarios y los corruptos; pero ¿cómo sería una sociedad libre de corrupción?

El autor es docente emérito de la Universidad Mayor de San Andrés.