En esta época de informes

Como siempre, principio de año es época de informes, evaluaciones, deseos de mostrar que se ha hecho bien y que se hará mejor. Así, cada año cuánto más extenso es el informe, mejor uno(a) se siente, sobre todo si se trata de informes nacionales, políticos y económicos. Así, uno de los temas de conversación actual tiene que ver con el próximo que prepara el presidente Morales sobre sus 11 años de Gobierno (once ya…) y que, sin duda alguna, durará horas en las que algunos agradeceremos –como lo hacemos cada año-- tener un buen libro que leer o una actividad que realizar mientras de rato en rato, prendemos los sintonizados medios de comunicación para escuchar algunas de las letanías lanzadas.

La pregunta clave es: ¿Para qué sirve un informe evaluativo? En el campo de la planificación se suele decir que un informe de este tipo no debe buscar culpables, castigar a algunos o alabar a otros, sino que debe ser utilizado para tomar decisiones, ajustar agendas, actividades y tareas. Así, cuanto más preciso, claro y honesto es el informe, mayor su utilidad para el trabajo. Es decir, justamente lo contrario de lo se aplica en esta época de informes presidenciales… Y es que, como en buen Gobierno caudillista y presidencialista, la función de los informes de cada enero parece ser alabar al que encabeza el Gobierno, mostrar que no hay alternativa a “este padre de la patria” y que los ciudadanos deben mostrar el agradecimiento ante su buen proceder y no sorprendernos –al contrario, pasivamente aceptar-- ante los gastos públicos derrochados en propagandas que difunden sus obras y acciones.

Los informes parecen obviar el hecho de que la plata con la que procede es nuestra, viene de nuestros impuestos y aportes a la sociedad, y que los gobernantes no son más que los gestores de nuestros dineros según un plan por el que, supuestamente (o más bien, ingenuamente deseable), una mayoría optó en el momento de votar. Un informe anual debería mostrar qué ingresos ha habido, cómo se ha gastado y los resultados, sin retórica política, ni retahílas.

Ahora bien, una cosa es manipular informes y convencer a los ciudadanos respecto a su derecho a manejar –lo llaman invertir-- dinero público (por lo tanto anónimo) según caprichos o intereses políticos, pero otra es lanzar reglamentaciones que “a mano –en realidad ley-- armada” pretende apoderarse de dinero privado y gestionarlo como fondo público, como es el caso de la reciente decisión de utilizar el 1 por ciento del Fondo de Pensiones (independientemente del uso que quieran darle).

Informes públicos antojadizos sobre dineros públicos (del Tesoro General de la Nación) pueden finalmente ser aceptados por los contribuyentes, pero ¿cuál será nuestra reacción como ciudadanos ante los futuros informes sobre uso de estos fondos privados? ¿Seguiremos aceptando pasivamente, agarrando libros o viendo programas para distraernos mientras duren los discursos informativos?

La autora es responsable del Área de Desarrollo del CESU-UMSS.