Indemnización de $us 23.000.000 a una inversión de $us 1.900.000

Un acuerdo transaccional parece haber puesto fin al proceso iniciado ante la Corte Internacional de Arbitraje en Paris por Abertis y AENA contra el Estado Plurinacional de Bolivia, por la expropiación de su respectivo paquete accionario en Servicio de Aeropuertos Bolivianos Sociedad Anónima (Sabsa).

“Una mala transacción es preferible a un buen pleito” es un axioma legal universal poco aplicado en Bolivia donde la pleitomanía alcanza proporciones gigantescas, no tanto por la avidez de los abogados por sus honorarios, cuanto por el encono y ensañamiento entre litigantes que no aceptan otro final de juicio que no sea una decisión judicial total a favor de su pretensión, o sea el rechazo absoluto y completo aplastamiento de la posición adversa.

Esa fue la posición de nuestro gobierno a la exigencia del pago de $us 83.500.000 formulada por Abertis y AENA el año 2013, cuando el entonces Procurador General de la Nación se comprometió a “no pagar un solo centavo a los reclamantes puesto que el total invertido por ambos ascendía apenas a $us 1.900.000, siendo absurda y desproporcionada su petición de $us 83.500.000”.

Desde luego hay que aclarar que una cosa es decir “que no se pagará un centavo” y otra cosa muy distinta es afirmar “que la inversión realizada no es más que $us 1.900.000”. La segunda frase entraña el reconocimiento del Gobierno a la obligación de indemnizar a la empresa, al mismo tiempo que su terminante rechazo al monto presentado por ésta. La declaración que el monto de inversión no excedía a $us 1.900.000, fue ratificada oficialmente por nuestro país ante el Tribunal Arbitral de París en diciembre de 2016.

Con este antecedente es absolutamente incomprensible que nuestro país acepte súbitamente pagar $us 23.000.000 por algo que en varias oportunidades ha reiterado “sólo valía $us 1.900.000”, siendo todavía menos aceptable que esta “transacción” sea calificada y celebrada como un triunfo de nuestro equipo negociador.

A todo lo lamentable que ya resulta nuestra “victoria” en estos términos sobre las empresas españolas, hay que agregar que —según denuncias de los trabajadores de Sabsa— no se ha tomado en cuenta un “pasivo” (no claramente explicado) de $us 8.000.000. Si esto se confirma habrá que agregar esta suma a la pérdida sufrida en el acuerdo transaccional.

Por todo lo señalado debemos manifestar nuestra alarma ante la posibilidad de que en los “acuerdos” a los que se llegó con las empresas extranjeras nacionalizadas anteriormente se haya incurrido en atrocidades del mismo bulto, imposibles de ser descubiertas gracias a la astucia del Gobierno en no revelar la suma que en su criterio correspondía cancelar a los expropiados. De esta manera conociéndose únicamente la cantidad señalada por la empresa —siempre muy superior a la que se llegaba con el “acuerdo”— era muy sencillo presentar esta última cifra como un rotundo éxito de nuestros negociadores. Merced a estas maniobras de ocultamiento del monto estimado por Bolivia, la única forma de descubrir quién fue el verdadero triunfador en la discusión permaneció celosamente escondida a la opinión pública nacional.

Ejemplo: La empresa “X”, nacionalizada por el gobierno de Bolivia, reclama el pago de Bs 100 como indemnización. El país reconoce solamente Bs 25 como inversión total realizada por la empresa. En el transcurso de la pugna resultante de esa diferencia, se llega a un acuerdo de partes por el que Bolivia se obliga a pagar a “X” la suma de Bs 50, o sea el doble de lo que anunció era lo invertido por la demandante.

 En la transacción con Abertis y AENA hemos aceptado pagar doce veces el monto que habíamos fijado al comenzar el reclamo, ratificado oficialmente ante el Tribunal de Arbitraje en diciembre de 2013.

¿Cuánto dinero tendremos que perder en estos “acuerdos transaccionales” para que nuestro gobierno se vea forzado a admitir públicamente que los llamados “éxitos”, no son en realidad sino costosas e imperdonables derrotas?

El autor es abogado.