¿Y dónde quedó la justicia?

Vivimos en medio de una crisis que está más allá de lo judicial, donde no se garantiza el cumplimiento de la constitución y las leyes, donde no se respetan las libertades y derechos ciudadanos, donde no se logra el equilibrio de poderes

Apropósito de la inauguración del año judicial que augura más cambios de los hasta ahora vistos, es pertinente preguntarnos ¿dónde quedó la justicia?… y lamentablemente quedó atrapada en la burocracia institucional, en la indiferencia de los juzgadores, en la intromisión de los autoritarios y en la impotencia de los ciudadanos. Y esta situación no se la puede atribuir a todos, porque tiene nombres propios y nombres jurídicos, no son los 10 millones de bolivianos, son unos cuantos que no entienden las funciones básicas y principales que tradicionalmente se le ha atribuido a la Administración de Justicia, la de mantener la paz social como la de solucionar los conflictos que a diario lleguen a los tribunales.

No es la congestión judicial, la falta de recursos humanos y económicos, la corrupción, la falta de celeridad en los procesos, las prácticas dilatorias de las partes, el hacinamiento carcelario, la habilitación de las máximas autoridades judiciales con porcentajes por debajo del 8%, por decir algo; es la falta de compromiso y de autocrítica, de preguntarse ¿cuándo funcionaba bien el órgano judicial?, ¿hasta cuándo fue eso? y la realidad día que pasa se encarga de mostrarnos que ya no funciona, que ya no responde a la complejidad de conflictos y situaciones que a diario tienen que enfrentar las personas.

Vivimos en medio de una crisis que está más allá de lo judicial, donde no se garantiza el cumplimiento de la constitución y las leyes, donde no se respetan las libertades y derechos ciudadanos, donde no se logra el equilibrio de poderes, y donde el respeto a la ley, a la autoridad y a la neutralidad, se ha ido perdiendo poco a poco en sucesos tan vergonzosos como las cifras de violencia intrafamiliar y feminicidios o la sensación de inseguridad que viven vecinos y propietarios de urbanizaciones privadas como Colinas de Andalucía ante el delirio de gente inescrupulosa y sin documentación legal que quiere apoderarse de calles y terrenos ajenos.

La justicia ha quedado relegada y supeditada a la calidad de nuestra actual democracia. Por ello, no debe asombrarnos la interpretación limitada que se hace de las normas como en el caso de la Sentencia 0076/2017 que si bien garantiza la identidad y el cambio de imagen, nombre e identidad de género, no permite el desarrollo de otros derechos como el matrimonio, la adopción y los derechos políticos. Ni la indiferencia ante las pulsaciones ciudadanas que por distintos medios y formatos ha rechazado y reclamado en 2017 la habilitación de candidatos, el art. 205 del nuevo código del sistema penal, la corrupción en el caso de Juan Pari y los 37,6 millones de bolivianos desfalcados del banco Unión, la vigencia de los resultados del 21F, y otras situaciones pendientes que en una inauguración deben obligarse a atender; porque de lo contrario la inauguración y el juramento de las máximas autoridades terminaran de callar la vida. Que no se calle el cantor y que se levanten las banderas de la democracia.

La autora es abogada y pedagoga social