Un GPS para el Gobierno

Por la coyuntura que vive Bolivia, pienso que el Gobierno, que últimamente ha dado muestras de estar bastante desubicado, precisa un GPS para avanzar por tres recorridos críticos: el político, el jurídico y el económico

El Sistema de Posicionamiento Global (GPS en inglés) se ha vuelto una herramienta imprescindible. Viene del tamaño de una radio de bolsillo y con buena precisión (limitada adrede por razones de seguridad) y también está presente en los celulares inteligentes.

Una de las aplicaciones más comunes del GPS permite a un conductor de coche ubicarse y llegar a destino por el camino más corto o por el más rápido. En efecto, las aplicaciones del GPS rediseñan la ruta en caso de equivocación y ayudan a evitar atascos. Consecuentemente, el más inepto conductor puede llegar a su destino en una ciudad desconocida si obedece las indicaciones del GPS, aun a costa de dar dos veces la vuelta a la ciudad, si no lo hace.

En la gobernanza se habla de “hoja de ruta”, con referencia a los pasos a seguir para alcanzar una meta. Considero que se trata de un lenguaje obsoleto, en un mundo dominado por el GPS que, gracias a la información global que utiliza, es capaz de reajustar el recorrido en el acto si hiciera falta.

Por la coyuntura que vive Bolivia, pienso que el Gobierno, que últimamente ha dado muestras de estar bastante desubicado, precisa un GPS para avanzar por tres recorridos críticos: el político, el jurídico y el económico.

En lo político, la meta del Gobierno es llegar al 22 de enero de 2020 para entregar el mando al mismo presidente de los últimos 12 años. El camino no es lineal, sino que presenta obstáculos en varias avenidas, colocados por los partidarios del “¡No es no!”, exigiendo respeto al voto del 21F. Un GPS inteligente le diría al Presidente que no siga empecinado en la ruta azarosa que le ha trazado otro GPS trucho marca chancho (“TCP”) y más bien valide su ruta mediante el único GPS “patrón” reconocido internacionalmente que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A esa Corte debería acudir voluntariamente el propio Gobierno, porque no hacerlo significará reconocer que prefiere rutas truchas a las democráticas.

En lo jurídico, ese GPS le sugeriría al Gobierno que, una vez digerida la derrota en las calles e infligida la peor humillación a la Asamblea Legislativa, apruebe y ponga en vigor el Código de Procedimiento Penal, el más solicitado por el pueblo litigante. Simultáneamente, habrá que regenerar el Código Penal sustantivo, renunciando a las prácticas amañadas que llevaron a la abrogación de la Ley 1005. El camino no se perfila como el más corto, como sería con la imposición de los dos tercios, pero sí como el más seguro, mediante el consenso y la discusión informada, libre y sin prejuicios de todos los que suelen actuar bajo consigna.

Finalmente, en lo que respecta a las metas económicas y en particular a la temática energética, el GPS entiende que el Presidente, ante la falta de choferes menos ineptos, opte por aplicar la máxima: “mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer”. No obstante, la función del GPS es ayudar a corregir los extravíos de los últimos 12 años y, por tanto, le sugerirá una conversión en U (un “cambio de proceso”), en la política energética que, al amparo de una bonanza efímera, ha agotado las reservas de gas y ha puesto al país al borde de un desastre inimaginable.

La ruta no pasa sólo por el gas ni por los megaproyectos, que son en realidad megafracasos como las plantas de Bulo Bulo, Gran Chaco y LNG; no pasa por el Chepete/Bala ni por invadir y destruir parques y reservas naturales; pasa por tomar en serio las energías renovables y la revolución en curso en ese sector.

Me queda una duda ¿tendrá el Gobierno suficiente gasolina para corregir esas rutas y llegar a su destino?

Posdata: Por si acaso tengo otro GPS para la oposición, cuyas características y funciones daré a conocer en mi siguiente columna.

El autor es físico y analista.